• enero 22, 2018
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Familia de universitario detenido en operativo en Constellation exige su liberación; «No pertenece a Mexicali Resiste» aseguran

Antonio Heras

Mexicali.- Acudió a documentar en fotografía la manifestación del movimiento Mexicali Resiste por la instalación del ducto de agua potable para la compañía cervecera Constellation Brands en el ejido El Choropo pero fue detenido, encarcelado y enfrenta juicio por los delitos de lesiones agravadas, contra servidores públicos y policías.

Se trata de José Luis Pozo, ingeniero por la Universidad Autónoma de Baja California y estudiante de su segunda carrera en la Facultad de Artes que labora en una maquiladora para fondearse sus gastos, quien fue detenido la tarde del martes 16 de enero durante la confrontación entre policías y activistas que culminó con una lapidaria batalla campal.

La familia del joven universitario exigieron a las autoridades del Poder Judicial su liberación, pues desde el jueves 18 de enero fue llevado al Cereso de Mexicali luego de que la Jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio, Dora Leticia Contreras le dictó prisión preventiva.

Pozo es uno de los seis detenidos del enfrentamiento entre policías y manifestantes, y es uno de los dos que permanecen en prisión preventiva.

La audiencia de vinculación a proceso de Pozo y de Francisco Javier Guillén, un universitario que integra el colectivo Baja California Resiste, se realizará la mañana de este martes 26 de enero.

El día de la batalla campal entre agentes policíacos y activistas , la esposa de José Luis Pozo, Silvia Díaz, le tomó una fotografía que circula en redes sociales donde se advierte al joven en cuclillas frente al cerco de policías antimotines que resguardan la máquina retroexcavadora que realizaba zanjas para la conducción del ducto hacia la planta cervecera. Hizo una serie de fotografías del operativo que planea utilizar en material audiovisual.

Somos familia pacífica. No formamos parte de Mexicali Resiste, apoyamos la defensa del agua por conciencia y por compromiso con la ciudad donde nacimos, advierte Esther Pozo, quien señala que su hermano es inocente de la agresión a policías y que videos se ve cómo lo detienen sin miramiento alguno.

Distintas versiones señalan que el estudiante de artes plásticas retrocedió una vez que tomó las fotografías pero al ver que el operador de la “caterpila” avanzó contra la valla ciudadana que pretendió contener su marcha, en donde se encontraba otra de sus hermanas, reaccionó y lanzó un par de piedras a la retroexcavadora.

Después lo detuvieron los policías que les molestó que les estuviera tomando fotos tan de cerca, considera Esther, quien inició una campaña para que liberen a José Luis.

Frente a la cárcel de Mexicali, que alberga también a juzgados locales, y en redes sociales hay protestas en contra de la jueza Contreras al pasar por alto el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, según el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de Control la prisión preventiva cuando no se garantice la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad en homicidio, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción y tráfico de menores y delitos contra la salud.

A la jueza Contreras Salazar le exigen la liberación de los presos políticos José Luis Pozo y Javier Guillen, mientras que al magistrado Salvador Juan Ortiz, presidente del Poder Judicial de Baja California, le piden iniciar una investigación del proceso, fallo e historial ético de la juzgadora.

El documento asienta que las familias Pozo y Guillen están horrorizadas porque un hijo, hermano y esposo estén enfrentando un proceso penal que los puede llevar a una sentencia de prisión por una detención plagada de irregularidades, violando sus derechos humanos, sometiéndolos de una manera por demás agresiva, atentando contra su salud física y moral, cuando solamente ejercían su derecho de manifestarse contra la empresa Constellation Brands.

Desde la mañana de este lunes, grupos de manifestantes y familiares de los dos jóvenes universitarios pidieron una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Salvador Ortiz Morales para que revisen el caso para que queden en libertad.

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