Columna Cicuta: Solidarios

Jaime Flores Martínez
Indignados por la golpiza al periodista mexicalense Antonio Heras, los comunicadores de Baja California decidieron cerrar filas para exigirle a la Procuraduría de Justicia del Estado que investigue, ubique a los responsables y se les castigue. Si bien el periodista agredido rechazó hacer señalamientos directos, la realidad es que proporcionó datos concretos para que la autoridad identifique a los responsables de la paliza. Heras alcanzó a observar parcialmente la matricula de la camioneta blanca que tripulaban los agresores.
La mentada camioneta circuló por calles vigiladas a través de cámaras de circuito cerrado. Si bien el periodista no tomó el numero completo de las placas de circulación, resulta relativamente ubicar al dueño de ese vehículo; ¡No pueden existir varias camionetas Cherokee, color blanco, con la misma terminación en la matricula!.
Hace un par de días Cicuta subrayó que el procurador de justicia del estado Rommel Moreno tiene enfrente una extraordinaria oportunidad para resolver este asunto y acallar a sus detractores. Si el procurador voltea hacia otro lado para minimizar el hecho, implícitamente encubrirá a los responsables de tan repugnante acción. Si algún partido político intenta aprovechar la coyuntura para acusar al ex gobernador de un partido distinto al suyo, la apatía de Rommel Moreno le daría toda  la razón.
Una versión surgida el fin de semana “desliza” que la agresión contra Heras fue el resultado de un incidente de tránsito, aunque con un ingrediente cargado de «mala leche»: Alguien especuló  que el periodista conducía bajo el influjo del alcohol y que tuvo diferencias con otro conductor. Apegados a esta teoría, la obligación de la PGJE seria comprobar ese incidente y presentar al agresor ante las autoridades. Antonio Heras seria «careado» con su agresor y la investigación estaría concluida.
Paralelamente, el fiscal del Estado le taparía la boca a quienes sostienen que se dedica a encabezar eventos sociales y no a la aplicación de la justicia. Contrariamente, si se queda con los brazos cruzados le daría la razón a quienes continuamente lo critican.
En resumen, el Procurador debe resolver un tema que apunta hacia las altas esferas de la política y demostrar que esa agresión no tuvo relación con su trabajo periodístico. De otra manera las especulaciones no lo dejaran en paz y provocara incomodidad a la autoridad estatal.
La mañana del lunes, el periodista Heras se reunió con periodistas de Tijuana para advertirnos sobre los “perversos juegos de poder” de algunos actores políticos que intentan capitalizar la golpiza. La mayoría de los periodistas aceptaron que algunas corrientes políticas intentan usar a los medios de comunicación para sacar «raja política» en su favor. El acuerdo fue cerrar filas para exigir a la PGJE presente a los responsables y aplicar el castigo que corresponda. Cada comunicador en México «es un Antonio Heras» porque a cualquier periodista del país le puede ocurrir. Si acaso este evento llegara a quedar impune, el gremio periodístico se volvería aun más vulnerable.
Por lo pronto la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el “caso Heras» luego que el procurador de derechos humanos de Baja California “abriera una queja de oficio”. La mañana del lunes la quinta visitadora de la CNDH decidió tomar el caso para presionar a las autoridades bajacalifornianas a resolver un asunto que se antoja medianamente fácil.
Los comunicadores bajacalifornianos saben que si la agresión a Heras se queda impune, cualquiera se atreverá a atentar contra los periodistas. De ser así, los políticos y funcionarios públicos se ubicaran bajo la lupa.  El atentado contra Antonio Heras sucedió hace casi una semana y el procurador Rommel Moreno no ha sacado la cara. Para pensarlo ya fue mucho.
Balché
Elementos de la Policía Ministerial comisionados en Ensenada recibieron la instrucción de “presentar” al vitivinicultor Juan Ríos Beltrán ante el agente del ministerio público del fuero común para que responda por las amenazas de muerte que lanzo contra el ciudadano tijuanense José Luis Villa Torres.
Resulta que la Procuraduría General de Justicia ordeno “presentar” a don Juan Rios porque ignoro el citatorio que lo exhortaba a presentarse ante esa instancia. Al desoir el emplazamiento, la autoridad giró instrucciones a dos policías ministeriales para que fuera localizado y presentado.
José Reyes Guerrero Landeros, otro vitivinicultor del Valle de Guadalupe, está desconcertado porque la PGJE “archivo” una denuncia que interpuso contra su vecino Juan Ríos Beltrán por el robo de 11 toneladas de uva. La Procuraduría le exige a Reyes Guerrero que compruebe que el dueño del terreno donde Ríos habría extraído la uva. ¡Hágame favor! 
Orejas
Militantes del Partido Acción Nacional ya no hayan como descobijar a Leonardo Fernández Aceves,  actual coordinador de la Secretaria de Gobernación en Baja California. Y es que don “Leo” esta mas dedicado a la operación partidista que ha cumplir con su responsabilidad en la Segob.
Algunos de sus detractores cuestionan que Fernández Aceves haya dedicado todo su tiempo en la promoción del actual candidato a diputado por el quinto distrito Juan Manuel Gastelum Buenrostro. A don Leonardo ya se le olvidaron las obligaciones que tenia con el fallecido secretario de gobernación Francisco Blake Mora. Fernández les dice a sus incondicionales que el nuevo secretario Alejandro Poire no se preocupa demasiado por los acontecimientos ocurridos en Baja California. Por eso tiene “mucho tiempo libre” para realizar maniobras a favor de sus cuates.   Cierto que Poiré está muy lejos pero Leonardo Fernández debe saber que, acá también, “tiene orejas”.
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