- marzo 3, 2012
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Investiga CNDH amenazas y agresión contra dos periodistas bajacalifornianos
Nota Proceso http://www.proceso.com.mx/?p=299882
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga las agresiones y amenazas sufridas recientemente por dos periodistas del estado de Baja California.
Se trata de Antonio Heras Sánchez, corresponsal de La Jornada, quien fue brutalmente golpeado por desconocidos en Mexicali, y el de la coeditora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello, quien fue amenazada.
A través de un comunicado, la CNDH condenó las agresiones contra ambos comunicadores: “El ejercicio libre de expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un factor esencial para la vigencia del Estado de Derecho y del régimen democrático”, dijo el organismo.
Además, sostuvo, las agresiones a periodistas vulneran el derecho de toda población a estar informada.
En su edición del pasado 24 de febrero, en su columna Sortilegios, Navarro Bello denunció una nueva amenaza contra el semanario Zeta, presuntamente de uno de los fugitivos de lo que fue el cártel de los Arellano Félix.
Bajo el título “Amenaza del narcotráfico”, Navarro Bello reveló que quien aparentemente pretende encabezar un atentado contra ellos es Melvin Gutiérrez Quiroz El Melvin, uno de los hombres del cártel de los Arellano Félix, todavía buscado por las autoridades estadunidenses.
Por su parte, Heras interpuso una denuncia por lesiones el pasado 24 de febrero ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California –0202-2012-07346– por la agresión de la que fue víctima, luego de cubrir dos conferencias de prensa.
Una de ellas, según relata en su denuncia, fue la del exgobernador panista Eugenio Elorduy, donde se deslindó de las acusaciones del PRI sobre supuestos vínculos con el narco y negocios ilícitos.
Relató que después acudió al restaurante “La Muralla China” para comer con Luis Gallego, asesor del alcalde de Mexicali. Al salir de ahí, dijo, se dirigió a su casa pero fue interceptado en el camino, en la calzada L. Montejano, por una camioneta Cherokee blanca, Limited Edition.
El conductor le cerró el paso y bajó del auto para encararlo pero lo eludió al invadir el carril contrario. Heras contó que siguió su camino pero el conductor de la camioneta lo siguió hasta alcanzarlo unas cuadras adelante.
El periodista pensó que se trataba de un incidente de tránsito, pero el conductor de la Cherokee se bajó del vehículo y comenzó a golpearlo.
“Caí al piso y sentí en mi espalda y en la frente golpes de pies. Perdí el conocimiento y cuando reaccioné, una pareja me protegía e increpaba a quienes me golpearon”, apunta en su denuncia.
Aunque sólo pudo dar la descripción de un agresor, relató que fueron dos sujetos los que lo golpearon y se dieron a la fuga cuando la pareja intervino para protegerlo.
Pese a las heridas, señaló que pudo ver las placas de la camioneta de sus agresores y marcó al 066 del C4 para reportar la agresión.
Continuó:
“Soy Antonio Heras, soy periodista, estoy en la L. Montejano y acabo de sufrir una agresión. Es una Cherokee blanca, de lujo, placas BEY082…
–Le falta un dígito– le contestaron.
–Es BEY082…–reviró.
–Le falta un dígito –le repitieron.
–¿No puede entender que me acaban de golpear? ¡Chingada madre!
Colgó y regresó a su carro para esperar a la patrulla pero nunca llegó. Luego empezó el viacrucis para encontrar atención médica hasta que llegó al a casa de su sobrino Jorge Ortiz Heras, quien lo llevó a la clínica Santa Lucía, donde finalmente fue atendido.
Al día siguiente presentó la denuncia por las lesiones que sufrió en mentón, ojo izquierdo, cuello, costillas, cadera izquierda y cráneo y quedó bajo la tutela de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, que abrió una queja de oficio.
En tanto, la CNDH indicó en su comunicado que permanecerá atenta a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley y de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, hizo un llamado a las diversas autoridades responsables para que emprendan las acciones “necesarias y contundentes” que garanticen las condiciones de seguridad y prevención para que el trabajo de los periodistas no se vea coartado o amenazado “por ningún tipo de circunstancia”.