Columna Cicuta: Artimañas

Jaime Flores Martínez
Agobiado por tantísima responsabilidad que representa su cargo, el secretario de Desarrollo Urbano de Tijuana David Navarro Herrera deberá resolver un conflicto social que amenaza con desnudar la corrupción registrada en el gobierno del priista Jorge Hank Rhon.
Resulta que durante la gestión municipal del magnate del juego, “alguien” avaló la construcción de  un millar de casas por los rumbos del Boulevard 2000 de Tijuana, aunque los permisos fueron expedidos sin que existiera agua potable y alcantarillado.
Con todo descaro, a cinco años de distancia, la empresa constructora presiona a los vecinos para que  exijan al gobierno municipal la seguridad y la recolección de basura. En otras palabras, el consorcio constructor acorrala a los vecinos para que exijan a la autoridad la prestación de los servicios públicos.
Algunos residentes del fraccionamiento Habitat Piedras Blancas denuncian que la semana pasada la empresa constructora decidió retirar la vigilancia en la entrada principal, porque los vecinos reclamaron el cumplimiento del contrato firmado. La empresa ICA señaló en el contrato de compra-venta que las casa entregadas hace un par de años, contaban con “agua potable y alcantarillado”, aunque solo se trato de una infamia.
Muchos habitantes de ese fraccionamiento, recién conocieron que el agua que reciben es extraída de un pozo cercano y que en esa zona no existe sistema de alcantarillado. Al no contar con sistema de drenaje, las descargas residuales acaban en una fosa séptica colectiva que amenaza con desbordarse. Sépase que en Habitat Aguas Blancas residen una 200 familias.
Personas que fueron engañadas por la empresa constructora, aseguran que el costo de esas viviendas oscila entre los 800 mil y 1 millón 200 mil pesos, a través de un crédito bancario que pueden liquidar en 15 anos. Las residencias que miden apenas 75 metros de construcción no valen ni siquiera la cuarta parte si no tiene los servicios de agua potable y alcantarillado.
Cicuta conoció la versión de un funcionario municipal, quien asegura que el escándalo debió estallar desde mediados del año pasado, aunque el ruido se pospuso debido a una negociación establecida con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Se supone que las diferencias entre el gobierno priista de Jorge Hank Rhon y del panista José Guadalupe Osuna Millán impidieron que la constructora ICA consiguiera la introducción de los servicios públicos.
En su desesperación por recuperar su inversión y salvar sus ganancias, el consorcio constructor se apresuro a vender ese fraccionamiento con ingrediente que resultaba irresistible: los compradores no tendrían que pagar un solo centavo por concepto de enganche, aunque el precio del inmueble resultara altísimo.
Quizá confiados que las diferencias políticas entre gobiernos pudiesen superarse, los invesionistas engañaron a los compradores al asegurar que las casas nuevas contaban con sistema de agua potable y alcantarillado.
Y mientras que la autoridad municipal “se voltea para otro lado”, los vecinos de esa zona ya se preparan para presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, pues la empresa constructora ya llego al límite de la tolerancia. Si los gobiernos estatal y municipal no quieren recibir ese fraccionamiento “tal como esta”, ellos no están dispuestos a perder más dinero.  El engaño que hicieron con los compradores fue compartido con la autoridad municipal al extender los permisos de uso de suelo y de construcción sin contar con los servicios públicos básicos.
Narco-empresarios
Satisfechos por la rentabilidad de su “negocio”, algunos Centros de Rehabilitación no tienen empacho en mantener viva la adicción de sus apretujados pacientes.  Muy pocos creerían que algún directivo de ese tipo de lugares solapa la operación de delincuentes que proveen de estupefacientes a las personas que están sometidos a rehabilitación.
Desde hace unos días el escándalo envuelve a un Centro de Rehabilitación denominado El Campito, ubicado a la altura del kilometro 62 de la carretera libre Rosarito-Ensenada. Elementos de la policía Municipal del Quinto Municipio arrestaron a dos delincuentes que traían 52 dosis de heroína.
Ricardo Trujillo y Juan Carlos Guizgar confesaron que la droga la vendían entre los adictos recluidos en El Campito con el aval del director Antonio Morales Nava. Datos ya publicados señalan que uno de los adictos en recuperación revelo que el director de ese Centro “les permite” salir a la calle para pedir dinero en la vía pública.  
A cambio del dinero recaudado en apoyo a El Campito, el señor director permite a los rehabilitados comprar droga a los dos presuntos delincuentes detenidos por Policías Municipales de Rosarito.
Un observador del tema asegura que al mantener la adicción de las personas recluidas para su rehabilitación, algunos directivos y delincuentes dedicados al narcomenudeo “cierran la pinza”. ¡Si no hay doga no habrá adictos y el negocio quebraría!
Posposición
Cicuta intenta profundizar en el tema de dos personajes locales que adeudan una millonaria cantidad a una empresa encuestadora por un trabajo realizado durante el último trimestre del 2011. Los señores en mención no han pagado un adeudo por más de 2 millones de pesos.  Ninguno quiere dar su brazo a torcer y por ello un bufete de abogados elabora la demanda contra ellos. El autor de esta columna espera que la demanda se concrete para ofrecer detalles precisos.
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