Columna Lindero Norte: De rebote

Antonio Heras
En breve se instituirá el capítulo en Baja California de la Fundación de la Libertad de Expresión (FUNDALEX) donde concurrirán periodistas, abogados y empresarios de la entidad.
No se trata de un organismo de membrete sino de alto aliento que busca crear contrapesos sobre este derecho con que cuenta la sociedad, en particular de los periodistas, pero que a su vez tiene una alta responsabilidad social.
Hace 200 años, la Constitución de Cádiz –conocida como la Pepa- incorporó en sus articulados la libertad de expresión como uno de los principios básicos de las garantías individuales. Por ello es que se celebró la promulgación de esta carta magna con una serie de actividades.
En Baja California la libertad de expresión se ha visto empeñada por las agresiones y ataques del crimen organizado y de integrantes de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno.
Hay casos emblemáticos que incluso han quedado sin resolver.
Un ejemplo que tasa estas agresiones es la impunidad y la corrupción entre representantes de la ley, tal y como se recogió en el documental “Junio Roto, una mirada sobre el asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco”. Allí, un periodista de investigación de gran calado como lo es Lauro Ortiz narra su experiencia sobre la cobertura de una agresión contra la libertad de expresión y es justo el asesinato de su hermano frente a sus hijos y a unas cuadras de las oficinas en Tijuana de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El documental es obra de Jorge Heras y ha participado en diferentes actividades de organismos internacionales de periodistas.
Además del asesinato y la versión periodística del caso, lo que se documenta es la ausencia de investigación por parte de la PGJE y de la Procuraduría General de la República que nunca revisaron ni la computadora y documentos de trabajo de Ortiz Franco, menos se reunieron con los familiares. Un caso de impunidad.
MÁS IMPUNIDAD
Otro caso de impunidad y corrupción en Baja California se tratará en el congreso organizado por Freedom House, una organización dedicada a apoyar a “los defensores de la democracia en sus esfuerzos para promover un gobierno abierto, defender los derechos humanos, fortalecer la sociedad civil y facilitar el libre flujo de información e ideas”.
Esta organización programó un acto solidario y de visibilidad de los ataques a la libertad de expresión en el Colegio de México (COLMEX), situado en la zona sur de la capital del país, donde el autor de LINDERO NORTE será ponente sobre su agresión en manos de un desconocido y la actitud asumida por la Procuraduría de Justicia de Baja California desde el inicio de la integración de un expediente que aun se encuentra inconcluso pero en la esfera de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR).
Previamente el periodista entregó a las instancias gubernamentales un expediente con los datos del vehículo donde viajaban sus agresores, el nombre del propietario, dirección en el puerto de San Felipe y Mexicali, fotografías varias, entre ellas una donde aparece con armas de cargo de la Policía Ministerial del Estado (R-15 y escuadra).
El caso es que unos días después que la PGR utilice su facultad de atracción del caso, el asunto se ventilará a nivel nacional e internacional, a pesar de la defensoría de oficio que ejerció la PGJE a favor del agresor. Juez y parte.
Eso se llama corrupción e impunidad.
OTRO CASO
Entre la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California se realiza una cruzada nacional por la libertad de expresión y en defensa de la situación jurídica de Daniel Solorio, el académico que fue objeto de un ataque por parte de las autoridades universitarias y estatales, de acuerdo a los convocantes, toda vez que su destitución aseguran que fue ordenada desde la rectoría que administra Felipe Cuamea y la gerencia Alejandro Mungaray, secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal.
Este asunto ha sido abordado por diversos periodistas e intelectuales del país donde se cuestiona la autonomía de la casa estatal de estudios superiores y la probidad de Cuamea y Mungaray.
¿Qué podrían esperar de Felipe si solo es un empleado? dijo a Lindero Norte una comunicadora de Mexicali en medio de una discusión sobre la obligación de que el académico apostara sobre mantener una postura autónoma sobre su mentor.
Apenas un año y ya se están peleando por la sucesión rectoral.
Parte determinante de este plan es el poeta anal-fabeta que despacha en Mexicali.