Congreso aprobó reforma para exentar del pago de gastos a víctimas de robo de vehículos

Lindero Norte
Mexicali.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal del Estado con el objeto de eliminar el pago de derechos y gastos por concepto de maniobras de salvamento, arrastre y almacenaje de vehículos objeto de robo.
La Iniciativa fue presentada por el Diputado Laurencio Dado Alatorre y dictaminada como procedente en el seno de la Comisión de Justicia, que consideró al dictaminar la iniciativa, que para dar homogeneidad y sistematizar la operatividad en todos los municipios y lograr de esta manera llevar el beneficio de la reforma a todos los habitantes del Estado, se reformen los Códigos de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California de fecha 20 de Agosto de 1989, vigente en los municipios de Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada así como el del 19 de octubre de 2007,  vigente en  Mexicali con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
La propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 250 de ambos códigos, para especificar que “tratándose de vehículos robados, recuperados y que ingresen a los depósitos correspondientes, previa comprobación de la propiedad del mismo con documentos oficiales, se entregarán a la parte legitimada, y si fueron reportados dentro de las primeras 72 horas en que se tuvo conocimiento del hecho, se exentarán del pago de los gastos, derechos por maniobras de salvamento, arrastre y almacenaje del vehículo recuperado”.
Por otra parte, los Congresistas locales aprobaron una Minuta enviada por el Senado de la República con el propósito de generar un mecanismo de excepción, mediante el cual se faculta a las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conectividad con delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información.
La propuesta de otorgar a las autoridades federales la facultad de atracción, no tiene la intención de invadir a las entidades estatales en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino que pretende que la federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza, de conformidad con los propios límites establecidos, trasciendan en el ámbito de los Estados.
El argumento de la Iniciativa es que los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional, porque no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo que se traduce en impunidad y se llega a la conclusión de que afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.