Aprueban en comisiones crear un fideicomiso para ayudar a víctimas de un delito

Mexicali.- La Comisión de Justicia, que preside la diputada Lizbeth Mata Lozano, aprobó por mayoría el dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Atención y Protección a la Víctima, por el cual se pretende crear un fideicomiso para apoyar a las víctimas de un delito.
Este fondo tiene el propósito de favorecer a los ofendidos que, a consecuencia de un delito, se encuentren en una situación de emergencia o necesidad manifiesta y carezcan de los recursos necesarios para afrontarla. Estos apoyos tendrían una naturaleza distinta a la reparación del daño y se garantizará que su manejo y otorgamiento se hagan de una manera transparente, adecuada y oportuna.
El inicialista de esta reforma es el diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón, quien en su exposición de motivos mencionó que esta iniciativa redundará en una mayor tranquilidad para las víctimas y la sociedad en general, reducirá los índices de impunidad, fomentará el respeto a los derechos humanos y garantías procesales y fortalecerá el sistema de justicia.
En este sentido, el artículo 21 bis que se pretende adicionar dice que: “Mediante el fideicomiso denominado Fondo General de Reparaciones a las Víctimas u Ofendido, la Procuraduría otorgará apoyos a aquellas víctimas u ofendidos que se encuentren en una situación de emergencia o de necesidad manifiesta, como consecuencia de un delito o de una conducta tipificada como delito atribuible”.
Durante la sesión de la Comisión de Justicia estuvieron presentes los legisladores Lizbeth Mata Lozano, Marco Antonio Vizcarra Calderón, Ricardo Magaña Mosqueda, Laurencio Dado Alatorre, Rosana Soto Agüero y Julio Felipe García Muñoz.
Asimismo, se aprobó el dictamen número 35 por el que se adicionan los artículos 40 y 41 a la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, los cuales contemplan sanciones para las autoridades competentes que, por omisión o comisión, dejen de salvaguardar la integridad física, psicológica, sexual y económica de las víctimas de este tipo de violencia. Lo anterior, promovido por los grupos parlamentarios del PRI, PEBC, PVEM y PT.