BC aprueba reforma educativa

Antonio Heras
Mexicali.- El Congreso de Baja California es el primer en votar por mayoría en favor de la reforma educativa propuesta en el Pacto por Mexico.
Con los votos en contra de la diputada del PANAL Arcelia Galarza y del panista Ricardo Magaña, así como de la abstención de dos panistas, la mayoría priista aprobó la reforma con el apoyo de los diputados del PRD, PT, Verde Ecologista y Partido Estatal de Baja California (PEBC).
Incluso, el legislador de Nueva Alianza Gregorio Carranza voto por la modificación constitucional al llegar tarde a su curul cuando inicio la votación y se pronunció a favor lo que provocó la risa de los diputados y del público asistente a la sesión.
Momentos antes, su compañera de bancada, la panalista Galarza solicitó en tribuna la revisión exhaustiva en comisiones legislativas de la reforma constitucional por considerar que existen varios artículos que afectan a maestros y trabajadores de la educacion.
Galarza Villarino y Carranza Hernandez fueron dirigentes de las secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion (SNTE) y mantienen una relacion con Elba Esther Gordillo Morales, a quien consideran su lider moral.
El panista Magaña secundó la propuesta de que no se votara durante esta sesión para dar tiempo y analizarla a profundidad, pero se puso a consideración ante el pleno y 21 diputados la aprobaron de manera directa con dispensa de trámite.
La diputada priista Rosana Soto Agüero, vocal de la Mesa Directiva y presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que Baja California se convirtió en la primer entidad federativa del país en aprobar dicha reforma.
Agregó que el Congreso local estará atentos al censo que realizarán las autoridades educativas federales para conocer el número real de maestros y escuelas existentes en la entidad con la intención de realizar un ejercicio de rendición de cuentas que beneficie a la sociedad.

En Baja California existen alrededor de 27 mil agentes de la educación, como se les llama ahora, pero hasta el momento se desconoce si se refiere exclusivamente a plazas federalizadas y estatales o a personas (maestros y personal de apoyo).