Columna Lindero Norte: Elecciones y congruencia

Antonio Heras
Dicen los que saben que la congruencia es el único lenguaje válido en la política, como la lealtad es a la amistad.
En últimas fechas se han expresado una serie de señalamientos del Partido Acción Nacional y sus aliados sobre indicios de desvío de recursos del Congreso del Estado y la parcialidad del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Baja California.
Las descalificaciones panistas hacia las instituciones las enderezan por el beneficio del candidato del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, Fernando Castro Trenti, a quien llaman El Diablo, como hace seis años dijeron que Jorge Hank Rhon era la personificación del mismísimo demonio.
Incluso, hace uno días empresarios tijuanenses y panistas calificaron a la bajacaliforniana como una democracia simulada.
Lo saben bien…
En congruencia, el PAN está obligado a pedir cuentas a sus representantes en el Poder Legislativo. Aunque son minoría, los diputados panistas y de sus partidos aliados (Nueva Alianza y Partido de la Revolución Democrática) tienen la carga de la prueba de dichas acusaciones y, por ende, deben documentar esos desvíos presupuestales.
De igual manera, Acción Nacional tiene la responsabilidad de llamar a cuentas a sus legisladores para que expliquen el incremento del presupuesto en los últimos tres años y develar hacia dónde van los dineros de la gestión social, sobre todo si hay algo ilegal
En las legislaturas de principios de siglo, paralelas a la gestión de Eugenio Elorduy, los dineros de gestión social legislativa provenía de una partida del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
Los dineros se repartían bajo el adagio del tamaño del sapo y la pedrada o, en otras palabras, recibía más quien se portaba bien ante lo designios del mandatario estatal. Incluso la justificación de los recursos entregados se tenía que hacer en el gobierno estatal en una franca violación a los principios de rendición de cuentas, aunque eso sí era totalmente transparente el manejo ilícito de estos apoyos económicos.
Esta realidad se documentó en trabajos periodísticos publicados, entre otros medios, en La Jornada y en Lindero Norte.
Aunque no se explica la totalidad de los montos, el aumento presupuestal en el Congreso tiene que ver con la transferencia de esa partida al Poder Legislativo para su manejo directo y sin intermediarios. Hay que recordar que por ley, una de las labores de los diputados locales es la gestión social.
No se trata de justificar el origen uso y destino del presupuesto –aunque agradecería documento que prueben ilícitos- sino de señalar la circunstancia que ahora es criticada aunque se lo gasten por igual priistas, panistas, perredistas, petistas, verdes, pebecistas y aliancistas.
Amantes del mismo amor, como asegura una de las frases que me legara el maestro Jesús López Toledo.
Por ello, el PAN debe empezar por su casa para tener, si fuera el caso, un mea culpa, por utilizar uno de sus vocablos preferidos.
Otro factor de congruencia tiene que ver con un organismo electoral que terminaron por pervertir en los hechos y que ubica a Baja California en el descrédito institucional. De ser el primer organismo electoral ciudadanizado de facto, toda vez que Guanajuato fue el primero que incorporó en su ley esta figura que establece la autonomía de sus autoridades, con el paso de los años se corporativizó a partir de reparto de cuotas de poder.
Eso sí, lo hicieron juntos el PAN y el PRI.
Al inicio de este proceso electoral, el PAN estaba loco de contento porque su dirigencia pudo designar a tres de los siete consejeros electorales y ratificar al director de la Contraloría Interna. El optimismo de Sócrates Bastida se debía a que negoció con los priistas una parte del pastel con la cereza fiscalizadora, porque aseguraba que el tricolor quería nombrar a todo el Consejo Electoral.
Siguiendo esta lógica de pensamiento, debe pedir cuentas a los consejeros que designó sobre las conductas irregulares en el seno del organismo electoral y que tienen que ver, de acuerdo a sus denuncias, con el nombramiento de capacitadores-asistentes electorales, los denominados Caes responsables de la capacitación de funcionarios electorales y de la organización de la jornada electoral, entre cuyas facultades están la instalación y operación de las casillas para el sufragio y el llenado de las actas con los resultados de la votación.
No es cosa menor.
Las preguntas son tres: ¿dónde estaban los diputados del PAN, PRD, PANAL y PEBC cuando se tejió el desvío de recursos?, ¿dónde cuando se duplicó el presupuesto para el Congreso? y ¿qué hacían los consejeros electorales filopanistas cuando se cometieron las tropelías contra la democracia real?
En las elecciones de 2007, el PRI cometió muchos yerros en la integración del Instituto Estatal Electoral para garantizar el triunfo de Hank Rhon, entre ellas capacitación deficiente y hasta el retraso en la instalación de casillas que de aplicarse la ley pudo cancelarse la elección y errores en impresión de boletas.
En este proceso electoral, el PAN actúa como si fuera oposición y ve moros con tranchetes en todos lados.
Si el PRI está haciendo un manipuleo de recursos del Congreso y de los principios rectores del organismo electoral, los panistas están obligados a documentarlo, denunciarlo ante autoridad competente y no quedarse sólo en el espacio mediático y electorero.
Nos lo merecemos los ciudadanos.
Congruencia, nada más.
En la próxima entrega Análisis de candidatos a gobernarnos en Baja California