Vie. Dic 13th, 2019

Denuncian dirigente nacional del PRI y presidente del Congreso de BC ruta del «Plan Baja Azul»

cn1302-08643387570Antonio Heras
Proceso
El presidente nacional del PRI César Camacho Quiroz señaló directamente a Osuna Millán de haber montado “durante año y medio” acciones soterradas “para conseguir no sólo el montaje, sino la operación eficaz de una estrategia diseñada y operada desde el gobierno del estado” para beneficiar al PAN y sus candidatos.

En rueda de prensa, Camacho Quiroz dijo tener “elementos objetivos” para afirmar que “mil 350 millones de pesos de recursos públicos se han desviado para darle solidez y buscar eficacia en esta estrategia electoral impulsada desde el gobierno del estado”.

Según el presidente del PRI, el gobierno estatal utilizó recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) “para pagar brigadistas que ocupan el séptimo nivel en la estructura, y por este concepto se han erogado 36 millones de pesos. Tenemos evidencias de que se han pagado 20 mil pesos a los coordinadores y 12 mil pesos a los brigadistas”.

En las oficinas nacionales del PRI, Camacho Quiroz explicó que, de acuerdo con el plan Baja Azul, el gobernador Osuna Millán lleva el alias de El Almirante “como jefe de la estructura y de este programa”.

Congreso de BC denuncia al Gobierno del Estado ante la Fepade, por desvío de Mil 300 MDP (1)Por su parte, el Congreso de Baja California denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales el plan Baja Azul por el que supuestamente el Gobierno del Estado desvió más de mil 300 millones de pesos para beneficiar al candidato panista Francisco Vega de Lamadrid.

De acuerdo a la denuncia presentada por el presidente del Poder Legislativo, el diputado Gregorio Carranza, quien se separó hace un mes del Partido Nueva Alianza, se estima que se usaron 600 millones de pesos en la campaña publicitaria desmitificadora de la política “Abre tus ojos” y 750 millones en la detección y operación de la estructura territorial del PAN.

Un organigrama de dicho plan, según el congresista, lo encabeza el propio gobernador José Guadalupe Osuna Millán y en un primer círculo e incluye a su secretario particular Andrés Pulido, el secretario General de Gobierno Francisco García Burgos (exdirigente estatal del PAN y exdelegado del PAN en el Estado de México) y César Torres del departamento de Informática, a quien señalan de la adquisición de sistemas de cómputo y de captura para los integrantes de la estructura que se despliega a partir de “padrinos”, todos ellos integrantes del gabinete estatal.

El desvío de recursos públicos se instrumentó a través de cinco secretarios y del procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreno. Los secretarios de Desarrollo Social Pablo Alejo López (exalcalde de Ensenada y diputado federal), del Trabajo Renato Sandoval (exdiputado federal) y de Desarrollo Económico Alejandro Mungaray (exrector de la UABC) canalizaron cada uno 12 millones de pesos de programas de empleo temporal y de infraestructura social que permitieron la contratación de brigadistas para encuestas y la compra de sistemas de geolocalización y para la movilización el día de la elección, a través del subsecretario Miguel Ángel Castillo y del director del DIF Hugo Castillo.

La denuncia ante la FEPADE advierte que el secretario de Salud José Guadalupe Bustamante instruyó el uso de vehículos y gasolina mediante el Seguro Popular e Issstecali que dirigen Mirna Rincón (exdiputada federal) y Alfonso Vizcarra.

Por medio de instituciones del sector educativo (Secretaría de Educación, Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de Estudios Tecnológicos y Científicos, Colegio de Bachilleres e Instituto de Infraestructura Física Educativa) se instrumentó un call center en Mexicali, centros de captura, además del uso de oficinas, becas Progreso y vehículos.

En el documento entregado a la FEPADE se sostiene que los “padrinos” político-electorales donde se ubica a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, los organismos públicos de administración de agua potable de Mexicali y Tecate que supuestamente canalizaron dinero, oficinas y personal comisionado, además de la Comisión Estatal de Energía, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, la Comisión Estatal del Agua, la Junta de Urbanización, el Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa y los organismos administradores de agua potable de Tijuana y Ensenada.

Otros “padrinos” señalados son los titulares de la Oficialía Mayor del Estado, del Comité de Planeación para el Desarrollo, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de las secretarías de Fomento Agropecuario, de Turismo, de Pesca y Acuacultura, de Seguridad Pública y de Protección al Ambiente. Para este fin se contrató a la empresa JVO Consultores para realizar estudios estratégicos sobre demandas ciudadanas.

También forman parte de esta estructura los exdelegados federales de Migración, Sedesol, del Trabajo, Semarnat, Corett, IMSS, INEA, Profeco, SCT, Sagarpa, Turismo, Conagua y CFE.

El diputado Carranza dio a conocer que la coordinación municipal recayó en el caso de Mexicali en la Secretaría General de Gobierno, en Tecate en la Oficialía Mayor y en el puerto de Ensenada en el Instituto de Infraestructura Física Educativa.

En el esquema se advierte que la Secretaría de Desarrollo Económico fungió como coordinador del distrito electoral I de Mexicali, el Issstecali del distrito XVI de Tijuana y  Desarrollo Social en los distritos VIII, IX y XII también de Tijuana, además de que esta dependencia proporcionó computadoras, oficinas, vehículo, equipos de radiocomunicación y celulares.

evsq0814_congreso_cortEl presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado definió que el plan se diseñó con base en tres etapas, consistentes en detección, operación y movilización. En el caso de la movilización durante la jornada electoral del 7 de julio no se tiene una cifra económica estimada.

El diputado Carranza Hernández se descoordinó de la bancada del Partido Nueva Alianza, del cual es miembro fundador, toda vez que en ese tiempo era secretario General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En tanto que Nueva Alianza se coaligó en 2007 con Acción Nacional en las elecciones que llevaron al triunfo al actual gobernador Osuna Millán quien contendió con el empresario priísta Jorge Hank, en 2010 refrendaron la alianza político-electoral que les permitió contar con cinco regidores –uno por municipio- y dos legisladores locales, uno de ellos es el propio Carranza.

En estas elecciones, la alianza “Unidos por Baja California” la integran el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Partido Estatal de Baja California.

Desde el 3 de marzo de 2012, Carranza preside el Comité Estatal de Acción Política (CEAP) del SNTE en Baja California, cuya vicepresidenta es la diputada Arcelia Galarza del PANAL.

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