Columna Palco de Prensa: La educación elitista

Gilberto LAVENANT
Según la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en México, la educación es un derecho. Es más, es una garantía individual, que el gobierno, por conducto de sus instituciones educativas, de todos los niveles, debe respetar.
Con toda claridad, el Artículo 3º. de la Carta Magna, señala que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”.
Pero además, el texto constitucional advierte que la educación será democrática, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Parece tan sencillo de entender. Todos los mexicanos, tienen derecho a estudiar. Las instituciones educativas, que directa o indirectamente dependen del gobierno, tienen la obligación de atender las demandas de educación.
Lamentablemente, en la práctica, ocurre todo lo contrario. Prácticamente el 100 % de las instituciones educativas, no acatan las disposiciones constitucionales en materia de educación pública. En lugar de abrir de par en par las puertas, para quienes deseen estudiar, se las cierran en las narices.
Además, aplican criterios elitistas. Se dan el lujo de seleccionar a quienes “generosamente” les habrán de dar oportunidad de aceptarlos como alumnos. Los quieren gueritos, bien peinados, de buen vestir, de familias acomodadas, con buenos promedios y además que paguen, sin regatear, las cuotas de “cooperación” que establecen.
Los de condición económica modesta, mal comidos, mal vestidos y con no muy buenos promedios de calificaciones, según las autoridades educativas, no tienen derecho a estudiar. Que ni sueñen en superarse a través del estudio. ¡Ilusos! No lo dicen abiertamente –solamente eso les falta-  pero los métodos de selección de alumnos de nuevo ingreso, así lo indican.
Los políticos hablan de establecer escuelas de tiempo completo, de mejorar el nivel de educación, pero eso es mero “rollo”. Exageran los requisitos de ingreso, en todos los niveles. Desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria e incluso universidad.
Los padres de familia tienen que implorar, para lograr un espacio para sus hijos. Y los funcionarios escolares, parecen “perdonavidas”. Si alguien desea conocer a individuos soberbios, arrogantes, déspotas, prepotentes, vayan a cualquier escuela y pidan hablar con el director. Díganle que desean un lugar para inscribir a alguno de sus hijos. Parecen reyezuelos.
Sin embargo, la expresión máxima de ese tipo de actitudes aberrantes e incongruentes, contrarias por completo a las disposiciones constitucionales, en materia de educación, lo es la Universidad Autónoma de Baja California. Díganlo si  no. Ni siquiera en base a un juicio de garantías, o sea el amparo, acceden a inscribir a alumnos rechazados.
Si la educación es un derecho y está contemplada dentro del capítulo de garantías individuales, el amparo es el recurso idóneo para exigir se le respete ese derecho a todo aquel individuo, hombre o mujer, que desee estudiar. Una vez que se acude a esta vía, las autoridades educativas, en este caso las universitarias, no se pueden hacer de la vista gorda, no pueden fingir que no escuchan. Solamente hay de una “sopa” : obedecen u obedecen.
Sin embargo, las autoridades universitarias, rayando en la ignorancia jurídica, y exagerando en la soberbia y petulancia propia de los reyezuelos, se niegan a respetar el derecho a la educación, que exigen se les respete, unos 43 jóvenes rechazados.
Se trata de dos casos. En el primero de ellos, 10 jóvenes, apoyados por el Maestro Daniel Solorio, interpusieron demanda de amparo. En principio lograron que el Juez XIV de Distrito, Jorge Alberto Garza Chávez, dentro del Expediente 500/2013, les concediera la suspensión provisional del acto reclamado, o sea el rechazo a su inscripción a diversas escuelas de la UABC.
En el otro caso, dentro del juicio de amparo 500/2013, que se ventila ante el juzgado Décimo Segundo de Distrito, en cualquier momento deberán recibir las constancias de la suspensión provisional, en tanto se resuelve en definitiva.
Pero si absurdo es que tengan qué recurrir al juicio de amparo, para que se les respete su derecho a la educación, que es una garantía individual, mucho más absurdo es que las autoridades educativas, traten a los jóvenes aspirantes, con arrogancia y prepotencia, cuando han acudido a solicitar se haga efectiva la suspensión provisional dictada en el juicio de amparo. Y además, los mandan por un tubo.
Quien adoptó tales actitudes, irracionales, dicen que responde al nombre de Angel Norzagaray, y afirman que cobra como Director de Asuntos Escolares de la UABC. Ni siquiera quizo leer la constancia de la suspensión. Les dijo que tenía lecturas más importantes.
Y son solamente 43 jóvenes, de 12 mil rechazados, los que decidieron acudir a la vía del amparo. Ni uno solo debería tener necesidad de buscar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para ser universitario.
Lamentablemente la educación, a todos los niveles, y en especial a nivel superior, es elitista y es operada por individuos necios y prepotentes, que manejan a las instituciones educativas, como si fuesen empresas mercantiles. Como si fuesen de su propiedad. No lo son, pero pareciera. Merecen un reconocimiento, por actitudes tan viles.