Denuncian dilación del sector salud de BC en operación de madre de víctima de la PEP

Lindero Norte
Mexicali.- La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad denuncio la dilación de la Secretaria de Salud de Baja California para la atención medica de la madre de un hombre muerto por agentes de la Policía Estatal Preventiva.
El representante legal de esta organización social, Miguel Angel Leyva pidió la intervención de Províctimas y de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California para revisar la situación clínica de Aidee Pereda Morgan, quien registró una trombosis a consecuencia del shock que recibió por la muerte de su hijo Jesús Andres Félix Pereda por agentes de la corporación estatal.
Pereda Morgan se encuentra en un piso del Hospital General de Mexicali en espera de ingresar a quirófano para que le inserten una válvula. Dicha operación estaba programada para el mediodía de este martes pero se ha postergado en dos ocasiones por omisiones del gobierno estatal.
Ante esta situación, la asociación civil responsabilizó al gobernador José Guadalupe Osuna Millán de las consecuencias de la salid de Pereda Morgan, considerada una madre más de los cientos de familias victimas de la violencia e impunidad en esta entidad.
La mañana del 5 de mayo de 2010, Jesús Félix Pereda fue muerto en una persecución de agentes estatales cuando regresaba de su casa en una motocicleta luego de realizar algunas compras en la colonia solidaridad. El joven falleció a causa del impacto de la patrulla 326 contra la motocicleta. Los dos agentes involucrados, Jaen Martínez Mendoza y Abraham Olvera Hernández fueron liberados tras el pago de una fianza de cerca de 80 mil pesos.
El 7 de mayo de este año, la Asociación Esperanza realizó un plantón frente a la Casa de Gobierno en Mexicali para reclamar justicia por el homicidio de Félix Pereda.
En el “Plantón contra la Impunidad” participaron integrantes de la familia Félix Pereda que se quejaron de la ausencia de justicia  y la falta de respuesta del gobernador José Guadalupe Osuna Millán y la presidente del Poder Judicial María Rentería Ibarra, a quienes realizaron una petición de audiencia sin ser atendidos en un lapso de dos años.