Exige Congreso de BC investigar condiciones laborales de jornaleros en ranchos agroindustriales

Antonio Heras
Mexicali.- El Congreso de Baja California exigió la investigación de las condiciones en que agroindustrias contratan a jornaleros agrícolas luego de detectarse en un rancho del municipio de Tecate un caso de esclavismo laboral de al menos 36 trabajadores migrantes, como lo definió el diputado Carlos Murguía.
Los jornaleros procedentes de varias partes del país, sobre todo de los estados sureños, fueron contactados en Puerto Peñasco, Sonora, por la empresa Italoamericana S.A. de C.V., originaria de Monterrey, para el cultivo de aceitunas en un rancho ubicado en el municipio de Tecate.
Los trabajadores agrícolas denunciaron que la empresa incumplió con las condiciones del contrato que estribaba en trabajo bien remunerado y con buenas condiciones que consistían en salario, alimentación y hospedaje. Aquellos que se resistieron a continuar con este trabajo les fue negado el transporte a zonas urbanas, toda vez que el rancho se encuentra enclavado en una zona agreste de la Sierra Cuacapah, limítrofe con la franja de desierto denominada Laguna Salada.
Hace una semana, el miércoles 29 de agosto, el Grupo Beta para protección a Migrantes detectó en la Laguna Salada a tres hombres que deambulaban por la Laguna Salada bajo una temperatura de 50 grados centígrados con síntomas de deshidratación y uno de ellos se convulsionó por lo que fueron trasladados al Hospital General de Mexicali.
InAl día siguiente personal de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración realizaron un operativo en el rancho ubicado a 41 kilómetros al sur de la carretera Mexicali-Tijuana, cuya extensión es de 2 mil 500 hectáreas y la mitad está destinada a siembra.
Agentes se reunieron con los trabajadores que confirmaron la versión del incumplimiento de pagos y las condiciones precarias en que permanecen en ese lugar alejado de centro de población por lo que 28 de ellos, entre los que se encontraban 11 menores de edad, solicitaron su traslado a Mexicali con la finalidad de regresar a sus lugares de origen. En el rancho permanecieron 32 jornaleros.
Este martes 3 de septiembre una pareja de jornaleros lograron huir del rancho “Lo Olivares” por las condiciones laborales en que se encontraban sin respetar el contrato original. Apolinar Jiménez Ojeda e Irene Ontiveros, de 27 y 20 años de edad, oriundos de Veracruz, presentaban alto niveles de deshidratación cuando llegaron a otro rancho donde denunciaron que recibían pago que sólo les alcanzaba para cubrir los gastos de alimentación y que dormían en el piso.
La pareja solicitó llamó a los teléfonos de emergencia (066)  por lo que una unidad del Grupo Beta acudió al rancho con la finalidad de trasladarlos a Mexicali pero en el trayecto visualizaron a otros tres trabajadores agrícolas que fueron víctimas del mismo engaño de la agroindustria ubicada en las inmediaciones del Cañón de Guadalupe.
El diputado Carlos Murguía solicitó la integración de mesas de trabajo interdisciplinarias entre la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Baja California y autoridades de las secretarías de Trabajo local y federal  para elaborar convenios que tendientes a proteger los derechos laborales de los jornaleros de Baja California.
Murguía Mejía señaló que los jornaleros denunciaron haber sido traídos a esta frontera desde su lugar de origen bajo ofrecimientos muy distintos a los que recibieron y que en algunos casos no percibían el pago de sus salarios.
“Ante tales hechos delictuosos e inhumanos se debe realizar una investigación a fondo sobre las condiciones en que viven y trabajan las familias jornaleras en la entidad, donde se presume que laboran cerca de 50 mil personas, la mayoría de origen mixteco y triqui, en condiciones de esclavitud y con el aval de las autoridades”, indicó el legislador priista.
La explotación de niños y niñas que tienen jornadas de 17 horas, contaminación con pesticidas, hacinamiento en galerones de lámina, la carencia de servicios médicos y seguridad social, y acoso sexual de las mujeres por parte de mayordomos y capataces, son los principales problemas que enfrentan los trabajadores agrícolas.
El prisita pidió además aplicar programas de seguridad social e higiene en el trabajo, en coordinación con el delegado del Seguro Social, donde se tenga la participación de los sectores empresariales, académicos y de los trabajadores para que vigilen mediante visitas e inspecciones, que los centros de trabajo agrícolas cumplan con las disposiciones legales en materia laboral, así como para realizar las recomendaciones necesarias e imponer sanciones.
Foto: Archivo