Columna Lindero Norte: La Ley de la discordia

*Periodistas en pugna
*Todos somos periodistas
 Antonio Heras
Luego de un encontronazo entre un par de iniciativas y la sorpresiva publicación en el Periódico Oficial cuando el Poder Ejecutivo siempre mostró animadversión a la propuesta legislativa, la discordia entró en acción en la Ley de Periodistas de Baja California.
No fue suficiente para la confrontación el que se extendiera hasta la ignominia el marco de quienes son los beneficiarios de la ley, ya que en este jarrito más que peninsular parece de Tlaquepaque, se les considera a todas las personas que se dedican a esta actividad de informar y formar opinión de manera permanente pero también a aquellas que lo hacen de forma ocasional.
Ergo, todos somos periodistas en el tiempo de las redes sociales.
Eso no fue suficiente porque en la puja entre sus impulsores se mantuvo el candado de que sólo podrán estar en los cuerpos de dirección aquellos que representen los intereses de las asociaciones de periodistas de la entidad.
Por ende, quedan excluidos los independientes.
Obvio, también los universitarios, los solitarios y hasta los malditos, a menos que conformen su organización y membrete en mano soliciten su integración al padrón. Y esperar que los recursos del fideicomiso no hayan desaparecido.
El caso es que la discordia se originó por los mecanismos de conformación del Consejo Directivo.
De manera singular en un oficio y profesión donde se pugna por independencia se consintió que uno de los Poderes Públicos de la entidad decidiera quienes serían los representantes del gremio en el Consejo Directivo.
En un acto de amplio criterio como la propia ley harto incluyente ingresó el registro de más de una decena de organizaciones, clubes y representaciones de los cinco municipios, pero sólo fueron reconocidas siete de ellas y varias quedaron fuera.
El Congreso del Estado designó a los siete integrantes de este Consejo Directivo de un fideicomiso que considera la aportación de 5 millones de pesos destinado a becas de periodistas y de sus hijos, así como a la seguridad social.
Los elegidos son Víctor Manuel Hernández, José Guadalupe Mercado, Salvador Aguiar, Elizabeth Valdez y Enrique Gómez, además de Miguel Ángel Torres Ponce y María Esther Valdez.
Con el dedo flamígero, los detractores señalan que la comisión parlamentaria integró a personas que en la actualidad son funcionarios públicos y se refirieren a Víctor Manuel Hernández quien es jefe de Servicios Administrativos del Cabildo de Tijuana y de Torres Ponce que funge como director de Comunicación Social del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua.
Los impulsores dicen que representan a las asociaciones de periodistas de los cinco municipios de Baja California, que no manejarán ningún dinero y que la designación es por única ocasión.
PERFECTIBLE
Existe un Registro Estatal de Periodistas donde se encuentran inscritos los agremiados en asociaciones, clubes y federaciones de Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada.
La mayoría de los periodistas independientes optaron por no inscribirse y mantenerse al margen.
En abono a la búsqueda de consensos entre los periodistas confrontados por una ley perfectible, Lindero Norte se permite realizar algunas consideraciones para que la próxima legislatura subsane las grietas en que se han convertido los devaneos de los todavía legisladores.
Aunque ya se publicó, la ley aguanta una serie de reformas para dimensionar su importancia y trascendencia.
El redimensionamiento podría partir de un análisis comparativo de la Dirección de Asuntos Legislativos con leyes de otras entidades federativas, mientras que se solicita análisis al Poder Ejecutivo y al Judicial sobre particularidades.
Una comisión parlamentaria especial se encargaría de un censo de periodistas que incluya datos generales, medios de comunicación, estudio socioeconómico, dependientes económicos en edad escolar, inscripción o no en servicios de salud, número de afiliación e institución pública
Cuando se hizo el censo, una conversación con la periodista Helga Casanova llamó la atención ya que buscó dejar constancia e informar por escrito que debido a su nombramiento como directora de Comunicación Social en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se descartaba de los beneficios de seguridad social que pudieran obtenerse por la ley, en tanto cumpliera con su encomienda en este organismo autónomo.
Íntegra, digna, la postura de Casanova sirve de marco para proponer que aquellos periodistas que cuenten con servicios del IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI, servicios médicos municipales o de gastos mayores queden en una lista de reserva para privilegiar a quienes carecen de este tipo de servicios.
Al igual que se tramite la integración de estos periodistas y su familia al Seguro Popular o equivalente, así como el pago por parte del fideicomiso correspondiente.
Una vez que los periodistas carezcan de los servicios de seguridad social (ISSSTE, IMSS, ISSSTECALI y etcéteras) se promueva su afiliación al Seguro Popular o equivalente.
Así mismo los periodistas que se encuentren en calidad de consejeros y que sean nombrados servidores públicos soliciten separación del alto cargo y sus suplentes ocupen sus sitios.
Sin duda habrá muchas más consideraciones a la actual ley, pero lo que requiere una profunda revisión y clara definición es quienes son los beneficiarios.
Los periodistas, por definición, pueden realizar esta actividad de manera periódica más no ocasional porque dejaron de serlo.
Por terquedad ideológica y congruencia, Lindero Norte no se inscribió en el Padrón de Periodistas y su único interés en esta ley es el periodístico.
NORTI
A los amigos el agradecimiento luego de mantenerse al tanto de la convalecencia por cirugía de retinas, revisión de glaucoma y demás linduras del estado de salud tan nuestro. La precariedad en vilo.