Multan a empresa olivarera señalada de esclavismo laboral en BC

Antonio Heras
Mexicali.- Con el pago de un millón 600 mil pesos de multa la empresa Olivarera Italo Mexicana S.A. de C. V. donde se detectaron casos de esclavismo laboral mantendrá las operaciones en el municipio de Mexicali.

Hace un mes, a principios de septiembre de 2013, agentes del Instituto Nacional de Migración detectaron en la zona desértica de La Salada, ubicada entre los municipios de Tecate y Mexicali, a tres jornaleros que huyeron del predio donde se encontraban contra su voluntad y donde denunciaron abusos y trato inhumano de la empresa productora de aceite de oliva y aceitunas.

Al día siguiente los agentes federales rescataron a una treintena de trabajadores migrantes y documentaron las condiciones deplorables, inexistencia de salario y de seguridad social, contratos irregulares pues dormían en piso de tierra y no les proporcionaban alimentos.

En la inspección realizada al rancho “Los Olivares” donde en el curso de una semana fueron rescatados 36 jornaleros que denunciaron trato inhumano en el contrato para la preparación de la cosecha de aceitunas, se documentaron diversas irregularidades y se detectó a otros cuatro trabajadores inconformes con las condiciones laborales que solicitaron su trasladado a la zona urbana de Mexicali y finiquitar su relación con la empresa “Italo Mexicana S.A. de C.V.”

Entre las anomalías de la empresa olivarera propiedad de empresarios de Nuevo León y Baja California -vinculados con el Partido Acción Nacional entre ellos René Corella Gilsamaniego, exOficial Mayor del gobierno de Ernesto Rufo – se determinó que los jornaleros trabajaban hasta 18 horas, carecen de seguridad social (IMSS e Infonavit) y tenían contratación ilegal de menores de edad.

El secretario del Trabajo y Previsión Social en Baja California, Renato Sandoval Franco, rechazó la existencia de otras empresas en las mismas condiciones: “afortunadamente no hemos detectado ninguna otra, es el único caso que en seis años nos tocó ver y hemos hecho un seguimiento muy puntual tanto en San Quintín como en Mexicali, apoyados por el Consejo Agrícola y la Unión Agrícola, independientemente de las denuncias de los trabajadores cuando ven vulnerados sus derechos”.