Reforma que amplía a 15 años el periodo de los magistrados electorales confronta a cabildos y Congreso de BC

Lindero Norte
Mexicali.- El Congreso de Baja California, en una de las últimas acciones de la XX legislatura, invalidó la decisión del cabildo de Tijuana de rechazar la reforma constitucional para aumentar de nueve a 15 años los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado.
A principio de septiembre, el cabildo tijuanense acordó en el pleno no aprobar el dictamen del Congreso del Estado, al igual que el ayuntamiento de Tecate y Playas de Rosarito. La reforma requería de la aprobación de tres de los cinco ayuntamientos, pero no lo logró.
La “Declaratoria de no procedencia” de la reforma constitucional se presentó en el pleno del Congreso local en una sesión del 13 de septiembre y se dio paso a archivarla, pero el 25 de septiembre el entonces presidente Gregorio Carranza pidió al secretario Marco Vizcarra que leyera la “Declaración Formal de la Incorporación Constitucional” del quinto párrafo del artículo 58 de la constitución donde se establece que los magistrados sólo pueden ser privados de sus cargos al cumplir 15 años a partir de sus nombramientos.
La lectura provocó reacciones ante los diputados sobre todo por no haber sido sujeto a votación en el pleno, toda vez que el entonces diputado Carranza Hernández consideró que la notificación del rechazo de los cabildos de Tijuana y Playas de Rosarito se hizo mediante correo electrónico.
Hay mucha suspicacia, dijo el diputado Ricardo Magaña durante la sesión, porque se excusan que el error fue a recibieron en copias. En la investigación que he hecho son muy claros los oficios y quisiera saber cuál es el error por el que usted declaró viable (la negativa) y ahorita dice que no.
El pretexto fue que en el caso de Tijuana, el secretario de Gobierno Obed Silva notificó por correo electrónico la voluntad del cabildo, pero nunca entregó la originales. Caso similar ocurrió con Playas de Rosarito. Por ese motivo, el PAN presentó ante el Congreso un “juicio de revisión constitucional”, aunque la única entidad para revisar aspectos de la constitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su última acción como presidente de la XX Legislatura, el elbista Gregorio Carranza expidió un acuerdo de la Mesa Directiva para que procediera la supuesta reforma constitucional y envió el Decreto 573 para para que se publique en el Periódico Oficial y entre en vigor al día siguiente.
Sin embargo, el gobernador José Guadalupe Osuna podría emitir su veto por inconsistencias jurídicas.
Los cabildos de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito rechazaron la reforma que de manera directa beneficiaría a tres magistrados que se encuentran en funciones desde hace una década y que ampliarían su encomienda cinco años más. Sin embargo el Congreso de Baja California le dio luz verde
Al trascender este asunto ilegal e irregular, los nombres de Gregorio Carranza, Marco Antonio Vizcarra, su cuerpo de asesores, así como Obed Sánchez y Catalino Zavala estarán sujetos a revisión por procedimientos administrativos en el Poder Legislativo y de los cabildos correspondientes.