Columna Lindero Norte: Las reacciones y el camino de la Procuradora

Antonio Heras
La abogada Perla del Socorro Ibarra recibió el nombramiento de Procuradora de Justicia de Baja California, luego que el Congreso del Estado le otorgara una licencia como Magistrada Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, cargo que ocupó desde el primer día de diciembre de 2010.
Casi tres años estuvo en ese cargo del Poder Judicial del Estado.
Su licencia provocó reacciones, la mayoría de ellas favorables, pero también hay dudas sobre su permanencia como fiscal del Estado toda vez que su cargo judicial es renunciable.
A quienes gustan de hacer análisis y hasta especulaciones dentro del ámbito político les resulta comprensible que su licencia sea el andamiaje para mantenerse como Procuradora durante los primeros años de gobierno de su amigo Francisco Vega de Lamadrid. Su calidad moral le da para eso y más.
Lo curioso es que existen dudas sobre su asunción al Poder Ejecutivo cuando su función en el Poder Judicial la limita para mantener vínculos con gobiernos estatal o municipales, además de nexos con particulares, por cuestiones y definiciones de independencia en su actuar.
Este problema se generará cuando, por así convenirlo, busque regresar a su cargo en el Consejo de la Judicatura y hasta hay quien piensa que ya está dentro de un embrollo porque su designación está viciada.
Se trata de armonización de artículos constitucionales que van desde el 27 hasta el 60 y 66, de acuerdo a una consulta con juristas.
Lo más fácil era extender su renuncia pero optó por una licencia que marca la temporalidad de su gestión. En este caso de tres años.
Su presencia brindará frescura a la Procuraduría de Justicia que se mantuvo a la vera de la imagen que pretendió construir Rommel Moreno, un hombre cuya aquiescencia era el espejo del gimnasio que instauró a unos metros de su oficina en el edificio del Río Nuevo en la ciudad capital de Baja California.
Hace poco el columnista Gilberto Lavenant escribió que el mismísimo Rommel Moreno buscó servirse del Nuevo Sistema de Justicia Penal para sacarle jugo a su proyección como servidor público. Tiene razón, aunque es de considerar la evaluación de un sistema de justicia que se ha retrasado en su instrumentación en la entidad y que traerá consigo las grandes deficiencias en su operación en Mexicali. En tanto, Jaime Flores señala que la fase más negra de la administración de Osuna Millán la personificó el propio Moreno De eso sabe harto Ibarra Leyva, quien le tocó conocer el otro lado de la moneda del actuar de Moreno Manjarrez y su inconsistencia en el trabajo de un sistema de justicia que requiere de efectividad y de construir una red de protección a las víctimas de los delitos que se reportan en Mexicali.
La disminución de índices delictivos en esta capital tiene que ver directamente con el no registro de los delitos, la desilusión –sobre todo de mujeres- que buscaron interponer un número único de caso en el NSJP pero salieron con un acta circunstanciada, si bien les iba. La pata rota de la silla de la procuración de justicia es hasta el momento la reparación del daño a las víctimas. La otra enclenque es la investigación científica de casos criminales puesto que los vales de gasolina se canalizaban hacia el traslado de funcionarios y la seguridad personal de ellos y sus familias. De ahí que son anémicos los avances en materia pericial.
Esto es un secreto a voces en la corporación estatal.
El NSJP se convirtió en un monstruo burocrático cuyos ronquidos lo harán despertarse de frente a las salas del Poder Judicial.
Lo mejor de la gestión de Rommel Moreno fue la entrega-recepción que hizo de la PGJE hace apenas unos días.
En su gestión quedó la estela de protección a funcionarios señalados de mantener vínculos con el crimen organizado, como lo señaló en su momento el general Sergio Aponte y las crónicas periodísticas a lo largo de un sexenio que antecede a Vega de Lamadrid.
Por ello no es extraño que el autodenominado Kiko Vega haya pensado en una abogada cercana por la amistad y con un fuelle suficiente para rehacer la silla de la procuración y evitar que crezca el desaliento de la gente que dicen “es la que manda”.
Chamba
La Contraloría de Baja California tendrá un mar de labores, si es que Kiko Vega quiere que abandone su postura de “tapabaquetones” y convertirla en un área de fiscalización eficiente y eficaz.
Si se revisa la información contenida en el portal del Gobierno de Baja California pareciera que se dedicaron a revisar si los servidores públicos cumplían con la entrega de sus declaraciones patrimoniales.
La discrecionalidad de una de sus áreas echó a perder todo aquello que implicara responsabilidades administrativas puesto que las sanciones tendían que ver con las leyes del “sapo pedrada”. Del tamaño del ejemplar era la sanción.
Según este informe, durante la gestión de Osuna Millán no hubo quebrantos patrimoniales, ni desvíos, ni peculados, ni mala administración de recursos federales aunque cada año la Auditoría Superior de Fiscalización le hizo observaciones a los fondos federales que se entregaban a la entidad. Incluso el Órgano de Fiscalización Superior solicitó el inicio de procedimientos administrativos contra funcionarios y servidores públicos que se sirvieron con la cuchara grande del presupuesto estatal, tras la revisión de cuentas públicas.
¿Casos? En la próxima entrega.