Columna Lindero Norte: Operación avestruz, violencia contra mujeres

*PGJE, instrumento
Antonio Heras
Hace unas horas, la Comisión de Equidad y Género del Congreso local y la Procuraduría General de Justicia del Estado signaron un acuerdo para establecer estrategias conjuntas en el marco del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La diputada Rosalba López Regalado y la directora de Atención a Víctimas del Delito de la PGJE, Flor López Guerrero, unieron esfuerzos para crear una red de apoyo y protección para que las mujeres tengan una vida libre de violencia en sus múltiples formas.
La intención habla por sí misma, aunque más que fortalecer la atención que dicen brindar en la actualidad por las diferentes instancias lo importante es que revisen en Mexicali un asunto pendiente y que raya en la inacción.
Se trata sin duda en la obligación que tien la PGJE en levantar los números únicos de casos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal donde se pone todo tipo de trabas cuando las mujeres quieren denunciar algún tipo de delito contra su integridad física y moral.
Las denuncias por acoso y delitos sexuales quedan a la deriva porque a veces ni alcanzan un número de actas circunstanciadas por la decisión administrativa de no dar paso a este tipo de quejas de aquellas mujeres que se atreven a hacer visible esta realidad en la capital de Baja California.
La conducta inmoral e ilegal del gobierno estatal se evidenció y llegó a su límite durante la gestión del procurador Rommel Moreno Manjarrez, por lo que su revisión es obligada.
De ahí que las buenas intenciones de la congresista y la funcionaria estatal deben empezar por la impunidad que generó la propia representación social en la era más negra de la procuración de justicia bajacaliforniana.
Se redujeron las denuncias, por supuesto, pero por la vía de la negación.
POlítica de avestruz