Circo de cuotas de poder en la PDH: Organizaciones sociales

Antonio Heras
Tijuana.- El exombusdman bajacaliforniano y fundador de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, lamentó la situación de crisis en la que se encuentra la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California que se convirtió en un “circo de cuotas de poder”.
Al referirse a la petición de juicio político en contra de De León Lavenant, sostuvo que es producto de la gran inconformidad y, en todo caso, lo más preocupante es que esta crisis interna repercute en la defensa de los derechos humanos.
“Es un circo, responden a favores políticos sin importar los perfiles profesionales, como es el caso de Francisco Castro Trenti, cuya trayectoria está vinculada a corporaciones policiacas, y que está al frente del organismo en la zona de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, donde vive la mayor parte de la población de Baja California”, aseguró Ramírez Baena, al tiempo de agregar que se trata de un reparto de cuotas a todo mundo cercano a Fernando Castro Trenti, recién designado como Embajador de México en Argentina y que este viernes aprovechó su nombramiento diplomático para reunirse con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, un panista que le ganó por 25 mil votos en la elección de julio de 2013.
La actuación del ombusdman y las designaciones de políticos en su equipo de trabajo rebasa la simulación y se vuelve descarado en el discurso de la PDH que incumple con sus obligaciones porque se convirtió en un organismo que no hace públicas las recomendaciones, señaló.
Para Ramírez Baena los responsables de esta lamentable situación por la que atraviesa la PDH es la anterior legislatura que tenía entre sus facultades de ley la designación en 2012 del procurador pero los legisladores se sujetaron a los intereses de Fernando Castro Trenti y un acuerdo político con el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán.
Esto representó veneno puro para el organismo autónomo que basa su prestigio en su trayectoria y en su autoridad moral para convertirse en un contrapeso del Estado, pero se impuso un personaje político que pretendió ser gobernador de Baja California y que en ese intento cooptó a varias instituciones para sus fines.
Por la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y de la nómina del personal, así como por el despido de trabajadores y el incumplimiento del pago de liquidaciones, se presentó una denuncia de juicio político del procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Arnulfo de León Lavenant.