Denuncian por amenazas y fraude a desarrolladores de fraccionamiento “La Toscana” en Mexicali

Antonio Heras
Mexicali.- Vecinos del fraccionamiento residencial La Toscana, ubicado en oriente de Mexicali, interpusieron una denuncia penal por amenazas en contra de los desarrolladores de vivienda José Antonio Moreno Buenrostro y Saúl Moreno Caballero, propietario de Casas Alfa S.A. de C.V.
Ricardo Arturo Pedroza Godínez, Jesús Oliva Ponce y Martha Vivier Alvídrez Covarrubias acudieron al Centro de Justicia Alternativa Penal para denunciar que han sido amenazados de muerte como consecuencia de una denuncia de fraude que presentaron contra los empresarios que desarrollaron este exclusivo fraccionamiento al incumplir con las condiciones de venta de casas adquiridas con precios desde un millón 600 mil hasta de 2 millones 800 mil pesos.
“Compramos confort y tenemos aguas negras y amenazas”, coinciden en señalar en entrevista.
En los números de casos 0202-2014-05623, 0202-2014-05635 y 0202-2014-06071 del Nuevo Sistema de Justicia Penal señalan que Moreno Caballero los ha intimidado y atemorizado con un guardaespaldas identificado como Ricardo Méndez Herrera.
Oliva Ponce advirtió que uno de los guardias de seguridad del empresario le confió que Moreno Caballero le ordenó golpearlo en diciembre de 2012 y fue destituido al negarse a cumplir la orden.
En su denuncia señaló que: cuenta con grabaciones de audio donde (el guardia) es regañado por no seguir las órdenes de dañar a los residentes de Toscana Residencial” por lo que los hace responsables si se afecta su integridad física o de su familia, toda vez que el guarura ha tomado fotos de los carros y vecinos inconformes con los servicios y el estado de las casas vendidas.
Pedroza Godínez fue amenazado directamente por Moreno Caballero, quien le gritó “me las vas a pagar” al tiempo de hacer una seña en forma de pistola con su mano derecha, “lo que dio temor ya que los vecinos interpusimos una denuncia por el delito de fraude ya que encontramos varias irregularidades en el fraccionamiento”.
Agregó que uno de los guardias le entregó unas grabaciones donde el empresario le exige que verifique si se encuentra en su negocio y que contrató a un grupo de personas para hacerle daño, pero “como no me encontraron, no lograron su fin”.
Alvidrez Covarrubias declaró que la mañana del 18 de diciembre de 2013 al salir de su casa hacia le dio temor porque al verla el empresario “hizo señas pasándose la mano por el cuello, como si cortara la cabeza, amenazándome con señas de muerte”, como lo hizo en 2010.
En su denuncia comentó que un guardia de seguridad del fraccionamiento le advirtió que se cuidara pues Moreno Caballero le ordenó quemar su casa y negocio, como consta en unas grabaciones que entregó al agente del Ministerio Público Arturo Ernesto Jasso Lucero.
Origen del conflicto
En octubre de 2011, un grupo de vecinos acudió a la Procuraduría General de Justicia de Baja California para denunciar por el delito de fraude a José Antonio Moreno Buenrostro y Saúl Moreno Caballero, de acuerdo a la causa penal 109.
El caso quedó asentado en el Juzgado Quinto de lo Penal, a cargo del juez Juan García Alberto, quien de manera inicial se declaró incompetente al argumentar que la denuncia debía turnarse a la vía civil y no a la penal, por lo que el Ministerio Público presentó una apelación en la Sala Cuarta del Poder Judicial del Estado donde los magistrados confirmaron el delito de fraude.
El argumento de los magistrados es que Moreno Caballero y Moreno Buenrostro -con vínculos familiares al ser suegro y yerno- diseñaron y ejecutaron con toda intención “una campaña publicitaria de un gran proyecto con el fin de engañar a futuros compradores” por lo que ordenaron la indemnización de los afectados y el juez Quinto de lo Penal giró una orden aprehensión en su contra el 3 de mayo de 2013.
De acuerdo a la publicidad y bajo el lema “La Toscana Residencial les cambia la vida” se ofertó un entorno donde los vecinos contarían con iglesia, cancha de tenis, casa club, alberca y 6 mil 500 metros de áreas verdes, por lo que los vecinos dieron enganches de 30 mil dólares. En la actualidad carecen de drenaje sanitario y pluvial, de bardas perimetrales, de luz en áreas comunes y la Comisión Nacional del Agua les canceló una planta por contravenir las disposiciones legales.
Los vecinos señalaron que las órdenes no se ejecutaron pues los empresarios se ampararon incluso antes de que llegaran a los policías ministeriales, por estar protegidos por el entonces procurador de Justicia Rommel Moreno Manjarrez.
Según estos testimonios, Moreno Buenrostro fue requerido en el aeropuerto Internacional de Mexicali pero los policías federales que adscritos a estas instalaciones impidieron la detención por tratarse de zona federal, por lo que lo condujeron a un espacio hasta que un abogado llegó con el amparo judicial.
“Durante el proceso y ante la tolerancia inexplicable del juez les permitió justificación tras justificación . Cuando por fin se presentó Saúl Moreno en el juzgado se le dictó auto de formal prisión pero sus abogados mostraron el amparo y más allá de lo inconcebible y sin respeto a los afectados que se encontraba en ese lugar, el juez federal de la Sala 14 Jorge Alberto Garza Chávez dictaminó que el fraude había prescrito dándoles total libertad
a Saúl Moreno y a José Antonio Moreno”, dijeron en entrevista a APRO los denunciantes que expresaron que a ambos “si se les atendió cuando a nosotros en varias ocasiones se negó a recibirnos” para documentar la denuncia.
Los denunciantes comentaron que “nuestra Justicia es un verdadero asco, es tan doloroso que exista el amparo para la protección de los delincuentes” por lo que decidieron interponer un recurso de revisión que se envió al Poder Judicial de la Federación en Guadalajara  debido a la sobrecarga de trabajo de los juzgadores.
La justificación del juez para liberarlos se basó en la fecha de los contratos de compra-venta que se firmaron en 2009, aunque consideraron que “el delito lo percibimos hasta 2010 y debido a que se incendiaron nuestras casas firmamos el convenio en noviembre de ese año” y la denuncia se presentó en octubre de 2011, semanas antes de su vencimiento, “pues antes no sabíamos que los señores no iban a terminar el Residencial, no sabíamos de los fraudes a las 30 familias que iban a desalojar antes, no vimos nada  pues los días se iban en ir y venir y nunca imaginamos que bajo las casas no existía drenaje”, expusieron.
Sobre su situación actual al que se agregan las amenazas de los empresarios, aseguraron que están en espera “de la justicia de Dios porque la del hombre no existe para las víctimas”.
Luego de confiar en la honestidad de los magistrados de la Sala Cuarta para que hagan valer la justicia, dijeron estar en espera de la resolución a principios de marzo. “Alguien tiene que escucharnos, no puede ser que nadie absolutamente nadie proceda en contra de estos defraudadores” expresaron al tiempo de señalar que el gobierno municipal le otorgó un nuevo permiso a José Antonio Moreno para construir el fraccionamiento Hacienda del Pilar, a pesar de que La Toscana se encuentra inconclusa.
“Vivir en La Toscana ha sido un verdadera prueba en nuestras vidas por la frustración de no encontrar una solución, la tristeza de ver la corrupción en cada una de las oficinas de Gobierno  donde protegen a estos tipos, la decepción de llevar más de tres años luchando sin que las autoridades actúen, pagar por algo que no existe y que prometieron en los contratos y ahora ver nuestras vidas y patrimonios amenazados por no quedarnos callados, por luchar por lo justo, por defender nuestro patrimonio” comentó Martha Vivier Alvídrez.
A causa del derrame de aguas negras en el fraccionamiento, más de diez familias presentaron denuncias penales en los últimos meses de 2012.