• febrero 21, 2014
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Tribunal Superior de Justicia de BC declara por primera vez nulidad en juicio oral; revoca sentencia de 40 años

20140221_101026Lindero Norte
Mexicali.- La cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró nulo un proceso penal por lo que se regresará al acto de apertura del juicio oral con la integración de nuevos jueces, situación que sucede por primera vez en Mexicali luego de 3 años y medio que se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El abogado de los acusados, Juan José Castro Crespo al salir del edificio del Poder Judicial del Estado informó que por primera ocasión se revoca una sentencia por la mala actuación del Ministerio Público y de la terna de jueces de garantías.

Comentó que se interpuso el recurso de nulidad de juicio ya que no se respetó el debido proceso y el derecho a la defensa. “ni siquiera me dejaban entrar a la sala o pedir información al Ministerio Público, aun así se declaró sentencia”.
Al tiempo comentó que se alteraron los hechos y pruebas durante el juicio en donde se argumentaron cuestiones no vistas y se le dio un indebido valor a las pruebas presentadas.

“Es un juicio novedoso y es una resolución que debe de tomar en cuenta la ciudadanía para que se vea que las autoridades tienen el valor y capacidad para que sin ninguna presión, dicten resoluciones de este tipo” indicó.

Los jueces que serán removidos del caso son Ana María Elias Rosas, Dora Alicia Contreras Salazar y María de los Ángeles Espinoza Pineda.

juzgado 2El también presidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho advirtió que es importante que el Consejo de la Judicatura haga un examen y análisis de ciertos funcionarios como es el caso de los jueces removidos, porque “se perdieron cuatros meses en un caso irregular en donde se ven afectados los imputados y hasta el erario público”.

De la misma manera, Castro Crespo hizo un exhortó a la Procuradura General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra, para que revise la actuación de los ministerios públicos, quienes dijo, estuvieron obstaculizando el trabajo de los abogados y no ofrecieron como pruebas todos los elementos objetivos de la investigación, “incluso el agente de ministerio público al saber de la resolución final del Tribunal de Justicia nos amenazó y advirtió que el próximo proceso judicial estará peor”.

El caso

El 13 de diciembre de 2013 se les dictó sentencia de 40 años de cárcel a dos jóvenes universitarios por los delitos de secuestro y homicidio que ocurrieron en 2012 en la colonia Ángeles de Puebla, al oriente de la ciudad.

El abogado defensor sostiene que aparte de la mala actuación de los jueces y Ministerio Público,  la clave del caso fueron las declaraciones de una persona con antecedentes penales que se ostentó como ofendido pero el ministerio público no presentó pruebas que lo acrediten como tal, “El ofendido jamás le tomó datos ni huellas dactilares, y son cuestiones que te hacen dudar si en realidad la investigación se llevó acabo debidamente y si el MP investigó cabalmente quien fue la persona que privó la vida al occiso”.  

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