Negativos, resultados de fiscalización del Nuevo Sistema de Justicia Penal: ASF

Antonio Heras
Mexicali.- Los resultados de la fiscalización de los recursos federales para la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, donde se incluye a Baja California, fueron calificados de negativos por la Auditoría Superior de la Federación.
Subejercicio, carencia de medidas de control interno y deficiencias en reportes de las entidades federativas son los señalamientos realizados en la revisión de Cuenta Pública 2012.
Baja California, donde este sistema alternativo se aplica solo en Mexicali y su implementación en Ensenada se ha postergado en dos ocasiones, fue una de las 10 entidades del país que no registró avances significativos en los niveles de clasificación y estratificación del Nuevo Sistema de Justicia Penal durante de 2012. De hecho, su evaluación permaneció igual desde el 29 de febrero hasta el 31 de diciembre de ese año.
La instrumentación de este sistema alternativo fue criticada por colegios de abogados de Mexicali debido al uso para fines personales y de turismo por el entonces Procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, a qyuien señalaron de retardar y entorpecer una aplicación adecuada.
De acuerdo al Informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la actuación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) se señala que las entidades federativas presentaron para su aprobación 412 proyectos con el propósito de ser evaluados para verificar en qué medida se contribuye con las líneas estratégicas de la reforma del sistema de justicia penal en México, bajo los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. Pero su actuación fue deficiente-
En la auditoría GB-028 del Programa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, identificada como 12-0-04U00-12-0402, se advierte que de las 10 propuestas que presentó Baja California seis incumplieron con la puntuación requerida por la SETEC, por lo que le autorizaron y transfirieron 22 millones de pesos para instrumentar cuatro proyectos.
En la revisión del ejercicio presupuestal, Baja California registró un subejercicio para esos proyectos por lo que reintegró recursos federales a la Tesorería de la Federación, pero lo hizo hasta después del 15 de enero de 2013 y olvidó enterar “los rendimientos generados en las cuentas bancarias que abrieron para administrar el subsidio otorgado por la SETEC en el ejercicio 2012”.
Otra irregularidad detectada es que los responsables del NSJP en nueve entidades del país utilizaron 35 facturas expedidas en 2013 para comprobar el subsidio otorgado en el ejercicio 2012 por un monto de 26 millones de pesos. Durango presentó nueve de estas facturas, seguido de San Luis Potosí con seis y Baja California con cinco, al igual que Nuevo León y Tamaulipas.
La ASF advirtió que debido los gobiernos estatales son los ejecutores del gasto tienen la responsabilidad y obligación de hacer la correcta comprobación de los recursos autorizados para cada uno de los proyectos, así como el reintegro de la cantidad que no se comprometió al 31 de diciembre de ese año fiscal.
La Auditoría Superior de la Federación consideró que la SETEC no cuenta con información confiable, suficiente y objetiva para conocer el avance real y verificar si la entrega del subsidio otorgado a cada entidad federativa fue el que correspondía a su nivel de avance en cuanto a los ejes estratégicos de planeación, normatividad, gestión y reorganización institucional, capacitación, difusión y transparencia, infraestructura, tecnología de la información y equipamiento y seguimiento y evaluación.
También señaló que en el proceso de clasificación y estratificación se debe considerar la información sobre el número de juzgados, distritos, territorios, regiones o áreas judiciales que conforman cada entidad federativa, las agencias del ministerio público, centros de mediación y conciliación, número de defensores públicos y centros de reclusión con personal e instalaciones aptas con el propósito de determinar el avance real implementación para transitar de un sistema penal a otro y conocer de forma puntual e integral el nivel de avance de cada entidad federativa.
Al 27 de septiembre de 2013, Baja California reportó sólo el 50 por ciento de avances en la captura de la información.