mar. Ago 20th, 2019

Denuncian corrupción en transporte federal de Tijuana con permisos falsos

SCT BCAntonio Heras
Tijuana.- El servicio de transporte de pasajeros entre Tijuana y San Diego, California, se realiza con documentos apócrifos, el pago de 150 dólares por unidad y la connivencia de funcionarios federales del Centro Baja California de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Este caso de corrupción entre funcionarios federales y transportistas fue denunciado ante la titular del Órgano Interno de Control de la SCT, Nidia Chávez Rocha.

En el documento, el tijuanense Ramón Madrigal Álvarez advirtió que el jefe del área de Autorizaciones y Permisos del Departamento de Autotransporte Federal en Tijuana, José Antonio García Briseño, cobra 150 dólares por autorizar los trámites para obtener y renovar los permisos de cruce fronterizo.

En el trámite denominado Tranfer se requiere el original del registro del vehículo en el Departamento Vehículos Motores de California, la póliza de un seguro por un año y cobertura de 19 mil días de salario mínimo, entre otros.

La irregularidad consiste en autorizar documentos apócrifos supuestamente provenientes de los registros oficiales estadunidenses pero que son alterados debido a un elevado costo en el Departamento Vehículos Motores de California. García Briseño “encontró una veta importante de recursos”, pues autoriza registros escaneados y modificados de años anteriores, bajo el argumento que no es perito para distinguir entre un documento original y un apócrifo, señala la denuncia.

En la denuncia se afirma que el funcionario está en contubernio con la empresa Transportes México Californias y personas como Jorge Ulises Rivera Castillo, entre otros, cuya cadena se extiende a otros permisionarios de transporte público.

La subdirectora de Transporte, Sandra Berenice Ávila Piñuelas, designó en diciembre de 2012 a Antonio López Nava, como encargado del Departamento de Autotransporte Federal de Tijuana, quien según el denunciante fue aleccionado por García Briseño para obtener beneficios económicos por “echarle la mano” a algunos permisionarios para obtener permisos de Autotransporte Federal. Entre los involucrados señaló a los empleados Hiram Elliot Osuna Aispuro y Jorge Alejandro Ramírez Alarcón, adscritos al Departamento de Autotransporte Federal Tijuana quienes operan en la Garita Internacional conocida como El Chaparral.

Ambos servidores públicos presionan a permisionarios para realizar esta conducta anómala en el traslado de pasaje “y lejos de hacer que estas empresas realicen los trámites para regularizarse ante la SCT concesionaron el cruce fronterizo directo a las empresas Intercalifornias, Inc., Interjet, Volaris, Aeroméxico y Americanos, que además llevan a sus pasajeros al Aeropuerto Internacional de Tijuana y a la Central Camionera sin contar con permisos, convenios ni especificaciones técnicas de las unidades requeridos para prestar este servicio.

Los servidores públicos involucrados tienen carros Cadillac, BMW, Ford Expedition de reciente modelo y su ritmo de vida que no va de acuerdo al sueldo que perciben en la SCT, además que se ostentan como protegidos de Ávila Piñuelas, a quien apodan “Nina”, a quien identifican como su madrina.

López Nava asignó de manera irregular a un grupo de inspectores afines en la Garita Internacional de Otay, al oriente de Tijuana, para coaccionar a los permisionarios del Autotransporte Federal de Carga.

Otra irregularidad denunciada es el otorgamiento de viáticos por actividades inexistentes y que son autorizados por Ávila Piñuelas. Entre los proveedores está el Motel Jardines Monumental, propiedad de uno de los permisionarios beneficiados, que aplica sobreprecios en las facturas de hospedaje entregadas a la SCT

Para protegerse, la denuncia señala que “La Nina” nombró a una de sus más cercanas colaboradoras como titular del área jurídica del Órgano Interno de Control del Centro SCT. Se trata de Paola Berenice Hernández Valdivia.

El denunciante aseguró que sólo “una investigación detendrá la impunidad con la que se enriquecen estos servidores públicos y causan daño patrimonial a la SCT”.

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