Columna Ahuete: Tijuana, triada y extorsionadores

Antonio Heras
Al darse a conocer la extorsión que pretendían realizar los hermanos Ledesma Romo para obtener dividendos de negocios ilícitos en la Zona Norte de Tijuana y el arqueo de la corrupción en contratos de obras públicas en toda la ciudad, son evidentes las limitaciones de los asesores de imagen y comunicación del alcalde Astiazarán.
No es lo suyo, simplemente.
No sólo se mantuvieron impávidos, sino que escondieron la cabeza en espera de que las aguas se calmaran sobre la remoción y retorno del secretario Bernardo Padilla y obligar al presidente municipal a salir para aclarar la situación, lo que representa estrechar al máximo su capacidad de maniobra institucional.
Lo grave, lo verdaderamente grave, es la intención y el chantaje de quienes deben procurar el buen funcionamiento de la administración pública municipal y que ocupan una silla preponderante en el cabildo tijuanense, pues al igual que los regidores y el alcalde también el síndico es representante popular. Todos cuentan con fuero constitucional pero no para cometer ilícitos.
¿Con qué calidad, el síndico y asesores sancionarán a otros servidores públicos acusados y señalados por extorsión? ¿Qué pasará con los funcionarios Rubén Salazar y Joel Guardado, acusados de armar los márgenes de corrupción?
Sobre la “fraternidad incómoda” solo queda el uso de la ley, pues hay que recordar que en la administración pública hay servidores que tienen calidad de fedatarios.
En ese entorno subyace la corrupción e impunidad con que han actuado las administraciones municipales de esta frontera en cuanto se refiere al trato especial que recibe la operación de antros, bares y cantinas, los contratos adjudicados de obras públicas sin el menor sonrojo. La discrecionalidad a toda costa y sin el menor reparo ni sonrojo.
Los señalamientos de extorsión y hostigamiento que hizo Astiazarán abren la puerta para evidenciar la calidad de los aliados políticos del PRI que además de rémoras electorales, en el caso del PVEM, se convirtieron en cómplices impulsores de actos ilícitos.
Lo innovador es que esta triada tiene rostro: Arturo, el síndico; Miguel, el empresario; y Eduardo, el político.
Ahora le corresponde a Astiazarán y a Padilla a acortar los tramos de control interno para sanear la administración municipal, pues no se trata solo de leyendas urbanas.
Lacera imaginar lo que representan 80 millones de dólares en la galería de la corrupción, sin contar con los negocios ilegales por la adjudicación de contratos de obras y servicios.
Los integrantes  del cabildo tienen la palabra, pero sobre todo la urgencia de actuar. No solo los tijuanenses, sino los bajacalifornianos los reconocerán.