Columna El Ahuete: Contraloría y la «caja negra» de la administración estatal

Antonio Heras
En lo que parecen ser sólo buenas intenciones, el contralor General de Baja California, Bladimiro Hernández, anunció el programa de Cero Observaciones que fortalecería el enfoque preventivo y cumplir con la encomienda del gobernador Francisco Vega de Lamadrid sobre la transparencia y legalidad en todos los aspectos administrativos de la administración pública estatal.
El objetivo de este programa es lograr la aprobación de las cuentas públicas de la administración estatal con el menor número de observaciones –aunque una es mayor que cero, si Pitágoras no falla-. Se refiere a las observaciones que puede hacer e Órgano de Fiscalización Superior, la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación.
En la actualidad varias son las observaciones que han hecho los órganos federales y estatales, incluida la dependencia que dirige, sobre ejercicios presupuestales de 2013, más los acumulados en ejercicios anteriores.  Incluso aún existen observaciones de auditorías y la petición de inicio de procedimientos administrativos de servidores públicos que han cometido irregularidades e ilegalidades.
Para nadie es extraño que durante las últimas administraciones la Contraloría sólo ha servido de “tapadera” de malos manejos administrativos lo que genera opacidad e impunidad y prueba de ello es que ocho de cada diez sanciones administrativas se refieren a quienes han presentado de manera extemporánea sus declaraciones patrimoniales.
A diferencia del ORFIS y la ASF que revisan las Cuentas Públicas, la única entidad pública para emitir sanciones administrativas es la Contraloría del Estado, además de los órganos internos de control de las sindicaturas municipales.
Una de las observaciones permanentes de la ASF es, por ejemplo, la entrega a destiempo por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas de los recursos federales etiquetados para programas federales de salud, seguro popular, educación, obras públicas y seguridad pública, como ocurrió en los gobiernos de Eugenio Elorduy y Guadalupe Osuna Millán. Otra es la falta de evaluación del gasto presupuestal, su repercusión social, los indicadores de desempeño y de resultados de acciones, programas y ejes estratégicos del Plan Estatal de Gobierno y sus programas sectoriales. Incluso hay que recordar que Osuna Millán salió a defender a toda costa a uno de sus funcionarios cuya actuación fue observada por el ORFIS y maniató a al contralor Edgardo Contreras al ordenar archivar la inhabilitación que determinó su propia Contraloría.
No es cosa menor pero loable es la pretensión de fortalecer el programa de prevención, aunque carece de la figura de comisarios que podrían llevar a buen puerto estas buenas intenciones en los Comités de Adquisiciones y en la evaluación de los Programas Operativos Anuales.
Por el bien de los bajacaliforninos es menester que la Contraloría deje de ser la «caja negra» de la administración y se aleje de la opacidad y de la protección de malos servidores públicos.