Centros de Salud de BC carecen de licencias sanitarias

Antonio Heras
Mexicali.- En la fiscalización de recursos federales destinados a la salud de los bajacalifornianos se detectaron irregularidades administrativas en contrataciones de personal, pagos indebidos a médicos sin cédula profesional y que los centros de salud de la entidad carecen de licencia sanitaria.
De acuerdo al Informe de Cuenta Pública del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA 2012), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo una fiscalización financiera con enfoque de desempeño y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) la financiera y de cumplimiento. El dictamen de la primera fue “limpio” y la segunda “abstención” en razón que aún existe plazo para solventar las observaciones.
Los reportes corresponden a la gestión del secretario de Salud José Guadalupe Bustamante, quien ocupó ese cargo en los dos últimos años del gobierno de Eugenio Elorduy y toda la administración del gobernador Guadalupe Osuna Millán.
No obstante, las aclaraciones, observaciones, solventaciones y, en su caso, sanciones son atendidas y aplicadas por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
Salud sin calidad
En la auditoría financiera y de cumplimiento se señala que la atención a la población sin acceso a ningún tipo de seguridad social carece de calidad suficiente al documentar que 17 médicos no acreditaron su cédula profesional, dos no disponen de la cédula que avala su especialidad y cuatro empleados con plaza médica realizan funciones administrativas.
En detrimento de la calidad de los servicios de salud los auditores no contaron con elementos para verificar la adecuada prescripción de medicamentos a la población abierta y existe medicamento caduco en el Almacén de Zona de Mexicali.
En el informe se advierte el pago de 6 millones 481 mil pesos a 17 trabajadores que no acreditaron el perfil de la plaza contratada al no disponer de la cédula profesional, 122 mil pesos a dos especialistas médicos que no cuentan con cédula profesional de la Dirección General de Profesiones de la SEP y un millón 166 mil pesos a cuatro personas con plaza médica que desempeñan funciones administrativas.
En el Almacén de Zona de Mexicali se detectaron medicamentos caducos y se descubrió que los mecanismos de control de inventarios no emiten reportes de fecha de caducidad. Esta situación también lo detectó el ORFIS en la revisión de la Cuenta Pública 2011.
La farmacia del Hospital General Mexicali carece de un adecuado control y registro de las entregas de medicamentos a las áreas del nosocomio y de registro de medicamentos controlados.
“Los almacenes y centros de salud que operan en el estado no cuentan con la licencia sanitaria correspondiente. El ORFIS emitió a ISESALUD el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley, con base en la recomendación 12-C-02000-02-0906-01-006”.
Al no haber calendario de distribución de medicamentos se limitó la supervisión y verificación de la oportunidad en su abasto de acuerdo con las fechas programadas, mientras que una muestra de 151 recetas en dos unidades médicas arrojó que ninguna correspondía a pacientes de la población abierta y tampoco se dispone de información de las unidades médicas que recibieron medicamentos adquiridos con recursos del fondo porque no se clasifican ni controlan por fuente de financiamiento.
Desorden administrativo
El manejo de recursos de la primera auditoría provocó la investigación 90/13/MXL de la Contraloría del Estado porque el uso dos cuentas bancarias dificulta la revisión y afecta la transparencia, y en una de ellas se detectaron remanentes de otros ejercicios fiscales y recursos de otros programas.
En ese año, la Federación transfirió a Baja California mil 550 millones de pesos pero la Secretaría de Planeación y Finanzas no depositó estos recursos con oportunidad al ISESALUD y, en ocasiones, utilizó esta cuenta para el pago del Seguro Popular, a pesar que este programa federal cuenta con recursos propios.
El 82% de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se destinaron a servicios personales que incluye la comisión con goce de sueldo de 68 comisionados sindicales, el 17% a gastos de operación y solo el 6.8% a medicamentos, materiales y suministros.
Entre el desorden administrativo destaca la contratación de 219 empleados en plazas no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y “congelaron” 429 plazas autorizadas, además hicieron pagos posteriores a empleados dados de baja de la nómina
Entre las investigaciones por posible quebranto patrimonial es el pago de 2 millones 119 mil pesos por servicio de lavandería, destinó de manera indebida 15 mil pesos al pago de limpieza y medicamentos de la Unidad de Especialidades Médicas de Ensenada, no se entregó a la población abierta la totalidad de los medicamentos prescritos.
La dependencia incumplió con la obligación de difundir “al público en general los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos y a nivel fondo ni de la ficha de indicadores” y cuando se hizo la información careció de calidad, congruencia y oportunidad en su entrega a la Secretaría de Hacienda, situación reincidente porque fue observado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2011. En el expediente 91/13/MXL se investiga las responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Situación similar ocurre con la ausencia de evaluación de los recursos federales para determinar el cumplimiento de sus metas y resultados, lo que provoca que no se tengan identificadas las fortalezas y debilidades en la gestión del fondo federal ni tampoco se pueda valorar la incidencia en el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población.
Hay inexistencia de mecanismos de control para la correcta integración de expedientes de personal, la conciliación de información administrativa, la generación de estados financieros, la aplicación adecuada en pago de operaciones no previstas por la normativa, el manejo de las recetas y los medicamentos otorgados a la población abierta.
En términos generales, los órganos de fiscalización determinaron irregularidades administrativas cuantificadas en más de 10 millones de pesos y también se solicitó la aclaración de 827 mil pesos al Gobierno de Baja California.