Columna El Ahuete: Sindicatura, ombligo del caos

Antonio Heras
El caso de extorsión en el seno del cabildo tijuanense seguirá dando frutos para el análisis político de la administración pública municipal pero sobre todo de la congruencia de las alianzas político-electorales.
Para nadie es extraño que el Partido Verde Ecologista es otro de los negocios de la política mexicana y Baja California no es la excepción. Si bien es cierto que en 2009 se posicionó del tercer lugar de las fuerzas políticas bajacalifornianas, también lo es que se trató de un estatus ilusorio pues contó con oxígeno artificial del PRI y que en 2012 lo que obtuvo fue cargos en delegaciones federales a cambio del juego que le tocó hacer y que lo ubican como una rémora disciplinada.
En cuanto a lo administrativo, nada avanza con la renuncia de los dos integrantes de la Sindicatura Municipal señalados de pretender extorsionar al alcalde Jorge Astiazarán Orcí porque no los exime de sus responsabilidades. En todo caso, ambos personajes debieron ser separados de sus puestos hasta en tanto concluyera la investigación sobre este escándalo de corrupción.
Astiazarán se encuentra en un brete pues está obligado a presentar de manera oficial los hechos ilícitos que informó a la opinión pública, si no quiere tener responsabilidades, de acuerdo a la Ley de Servidores Públicos de Baja California.
Tampoco basta con que se haya creado una Comisión Especial en el Cabildo porque su naturaleza es eminentemente política y sus resultados quedarán solo en un informe de ese órgano colegiado. Por otra parte, la sindicatura no inicia procedimientos de oficio sino producto de una queja o de una denuncia directa.
Por supuesto que el señor Ledesma Romo es juez y parte pero en aras de la transparencia y la rendición de cuentas está obligado a disculparse de este asunto porque lo involucra de manera directa, así como a sus colaboradores y sus hermanos. La puerta se abre para Noé Rivera, el subdelegado administrativo de la CONAGUA que dirige Eduardo Ledesma Romo, pues es su suplente. En breve les narraré una historia sobre esta personalidad y su paso por la administración pública en «ligs mayores».
Lo más grave de este asunto es el uso de información y patrimonio municipal para contar con una base de datos y una proyección de lo que representarían los contratos de obra asignados de manera directa o de lo que podrían “generar” los policías en extorsión a los tijuanenses o a los propietarios de la noche de esta ciudad fronteriza, en un entorno que un escritor definió como un “tianguis del deseo”.
Por cierto, alguien sabe cuál es la naturaleza de la sindicatura social que se encuentra en manos de las segundas fuerzas electorales municipales. Más allá de lo político y que en la alternancia de gobierno suenan a diques de los manejos administrativos de sus correligionarios, como es el caso de Mexicali. El síndico social es el extesorero Fimbres, quien es señalado de irregularidades e ilegalidades administrativas durante el gobierno de Francisco Pérez Tejada hijo. Entre ellos, gravita un escandaloso asunto del que trataremos en breve.
Las cúpulas políticas y sus estrategas han hecho de la partidocracia un afluente de corrupción e impunidad que ahora se alimentará con la reelección.
Por fortuna para la transparencia, el despropósito de algunos ciudadanos ya presentaron quejas ante la sindicatura municipal. El ombligo del caos.