Encuentran anomalías en finanzas del Seguro Popular en BC

Antonio Heras
Mexicali.- En el Programa de Seguro Popular en Baja California detectaron irregularidades administrativas por 226 millones de pesos, según los resultados de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación sobre los recursos federales transferidos en 2012.
En la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño GF 613 se señala que se transfirieron indebidamente recursos a programas distintos, entre ellos la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, lo que ocasionó un faltante de efectivo y de rendimientos financieros, además del pago de medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y con un precio superior.
La ASF constató que el Instituto de Salud Pública (ISESALUD) no devengó recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal por 65 millones de pesos como se establece en el convenio de colaboración.
Otra auditoría –la financiera y de cumplimiento GF 614- detectó 10 médicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, tres médicos sin acreditar su especialidad y cinco sin constancia de no inhabilitación y un médico que realizó funciones administrativas, lo que representa un daño por 850 mil pesos, así como al realizar una inspección física se descubrió medicamento caduco en el Almacén Zona Mexicali que afectó el servicio adecuado a los afiliados.
La ASF calificó como negativa la fiscalización de los fondos federales al detectar inconsistencias administrativas por 162 millones 122 mil pesos -la mitad de ellas por la transferencia indebida de recursos federales a programas distintos-,la compra de 29 millones 440 mil pesos en medicamentos con sobreprecio y no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, así como 20 millones 158 mil pesos por transferir recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal a otros programas.
En 20 recetas médicas seleccionadas, se prescribieron 15 medicamentos que están fuera de catálogo, no se ejercieron recursos etiquetados para la operación de las Caravanas de la Salud ni se adquirieron sistemas de información y bienes informáticos de este programa, de Consulta Segura y Registro Biométrico.
Además se constató que el Instituto de Salud Pública del Estado de Baja California no devengó recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal por 65 millones 112 mil pesos, por lo que solicitó una aclaración al Gobierno del Estado por la omisión.
Las consecuencias sociales que trajo consigo el inadecuado manejo administrativo se centra en la contratación y pagos indebidos a tres médicos especializados que carecen de cédula profesional y a un médico que realizó labores administrativas, según el expediente 79/13/MXL, así como la existencia de medicamentos caducos en el almacén y un control deficiente en la entrega de medicamentos y la falta de registros de medicamentos controlados en la farmacia del Hospital General.
Se carece de un programa de supervisión de las operaciones del Seguro Popular y durante los últimos años se incumplió la obligación de evaluar el ejercicio de los recursos federales que provocó que la ASF determinara que se garantiza el cumplimiento de objetivos, metas y resultados, ni de la normatividad y la transparencia de la operación del programa.
 Quebranto y desorden administrativo
El mayor problema del manejo de recursos federales destinados al Seguro Popular lo representó la Secretaría de Planeación y Finanzas por la falta de transparencia, según la ASF que solicitó a la Contraloría del Estado la promoción de tres procedimientos administrativos por la presunción de daño patrimonial.
El manejo discrecional de las cuentas bancarias y los recursos federales fueron reincidentes ya que también se observaron en la Cuenta Pública 2011, aunque técnicamente, la ASF determina solventadas las observaciones cuando se inician los procedimientos para determinar responsabilidades de los servidores públicos.
Al 31 de marzo se ejercieron sólo el 71% de los recursos federales destinados a este programa en la entidad; el subejercicio también fue observado en la revisión de 2011 que alcanzó el 21%. En otras palabras, solo se ejercieron siete de cada 10 pesos de fondos federales destinados al programa.
Otra reincidencia es la aplicación solo de 165 millones de pesos para promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, “monto que representó el 15.5% del total de los recursos transferidos al estado” cuando el mínimo establecido es mayor en cinco puntos porcentuales.
De manera irregular se utilizaron cerca de 2 millones de pesos para el pago de personal administrativo en exceso y se destinaron 12 millones de pesos para el fortalecimiento de infraestructura física sin la autorización correspondiente.
Al igual que en 2011, no informaron el ejercicio financiero a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y a la Secretaría de Hacienda, menos la compra de servicios a prestadores privados, medicamentos y material de curación.
Las quejas más recurrentes son la falta de surtimiento completo de medicamentos (65.8%) y de atención por padecimiento no incluido en el catálogo de atención, seguido de la atención médica deficiente y maltrato médico.
El gasto per cápita en medicamento fue de 105 pesos, mientras que sólo se destinó el 11.4% de los recursos federales a la compra de medicamentos y material de curación cuando la normativa establece el 30%.
Cada médico atendió en promedio a 2 mil 347 afiliados al Seguro Popular y sólo 0.8 médicos por cada mil usuarios cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda cuando menos 2.5 galenos.