• marzo 25, 2014
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Investigan a funcionarios de SCT por extender permisos apócrifos en Tijuana

pesqueiraAntonio Heras
Mexicali.- Un grupo de auditores federales revisan denuncias de presuntos actos de corrupción en las áreas de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California.
El director del Centro SCT en la entidad, Alfonso Padrés Pesqueira, dio a conocer que los auditores llegaron durante la mañana de este lunes procedentes de la ciudad de México para atender denuncias de las áreas de administración y de autotranporte.
Una de las denuncias la presentó hace un mes el exjefe del Departamento de Autotransporte Federal de esta dependencia federal, Ramón Madrigal, quien señaló a un funcionarios de cobrar
Padrés Pesqueira sostuvo que se inició un procedimiento administrativo sobre esta denuncia, así como del área de administración, con la finalidad de investigar este tipo de conductas y, en su caso, conocer la situación en que se encuentra la dependencia federal a la que dirige desde mayo de 2013.
Ahora, dijo, se agregó el área de transporte a las investigaciones y precisamente este lunes al medio día llega, vía Tijuana, un grupo de especialistas que iniciarán las investigaciones correspondientes porque hay señalamientos contra un servidor público.
El funcionario federal advirtió que no solapará actos de corrupción y se procederá conforme a lo que establece la ley, en caso de que se detecten irregularidades en cualquiera de las áreas de la dependencia federal.
Denuncia en autotransporte federal
En febrero de 2104, Madrigal presentó ante la contraloría interna de la SCT una denuncia por corrupción en el servicio de transporte de pasajeros entre Tijuana y San Diego, California, regulado por la SCT ya que se realiza con documentos apócrifos y con un precio de 150 dólares por autobús.
En la denuncia, se señala al jefe del área de Autorizaciones y Permisos del Departamento de Autotransporte Federal en Tijuana, José Antonio García Briseño, por cobrar 150 dólares por autorizar los trámites para obtener y renovar los permisos de cruce fronterizo.
Se trata del trámite denominado Tranfer para el cual se requiere el original del registro del vehículo en el Departamento Vehículos Motores de California, la póliza de un seguro por un año y cobertura de 19 mil días de salario mínimo, entre otros.
Los servidores públicos de la SCT en esta frontera, bajo el cargo de García Briseño, autorizan los documentos falsos bajo el supuesto que al provenir de los registros oficiales estadunidenses no pueden detectar su legalidad, pero son alterados por el elevado costo en el Departamento Vehículos Motores de California y son autorizados pese a que no son originales sino escaneados y modificados de permisos de años anteriores.
En la denuncia se afirma que el funcionario está en contubernio con la empresa Transportes México Californias y personas como Jorge Ulises Rivera Castillo, entre otros, cuya cadena se extiende a otros permisionarios de transporte público.
La denuncia señala que los servidores involucrados son la subdirectora de Transporte, Sandra Berenice Ávila Piñuelas, el encargado del Autotransporte Federal, Antonio López Nava, y los empleados Hiram Elliot Osuna Aispuro y Jorge Alejandro Ramírez Alarcón adscritos en la Garita Internacional El Chaparral de Tijuana.
“Lejos de hacer que estas empresas realicen los trámites para regularizarse ante la SCT concesionaron el cruce fronterizo directo a las empresas Intercalifornias, Inc., Interjet, Volaris, Aeroméxico y Americanos, que además llevan a sus pasajeros al Aeropuerto Internacional de Tijuana y a la Central Camionera sin contar con permisos, convenios ni especificaciones técnicas de las unidades requeridos para prestar este servicio” se lee en el documento que asegura que los servidores poseen carros Cadillac, BMW y Ford Expedition.
Madrigal dijo que sólo “una investigación detendrá la impunidad con la que se enriquecen estos servidores públicos y causan daño patrimonial a la SCT”.

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