Secretario de Gobierno de BC pide licencia temporal tras orden de aprehensión librada por un juez

Lindero Norte Mexicali.- A petición de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el juez Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió orden de aprehensión en contra de directivos de la empresa de Latino Servicios de Salud, con sede en Mexicali, entre los que se encuentra el secretario General de Gobierno de Baja California, Guillermo Trejo Dozal.
En la opinión del director general de la CNSF, una entidad dependiente de la SCHP, “alguien” realizó operaciones activas de seguro a través de contratos de prestación de servicios médicos sin contar con autorización federal, toda vez que  existe una cláusula donde garantiza que de presentarse “un acontecimiento futuro o incierto” se obliga a resarcirlo de manera directa o indirecta, lo que infiere un seguro.
Al trascender el documento judicial, el funcionario solicitó licencia temporal a su cargo en la administración pública para atender un asunto personal en el ámbito legal y no afectar la marcha del gobierno, confirmó en un comunicado el gobernador Francisco Vega en el que reconoció la congruencia y entereza como servidor público. El mandatario dijo estar confiado en que este asunto se resolverá conforme a derecho, por lo que se nombró como encargado de despacho a Francisco Rueda, subsecretario General de Gobierno.
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
En abril de 2012, esa dependencia dijo que no hay antecedentes de autorización en favor de la empresa mexicalense para operar como institución o sociedad mutualista de seguros que “salvo error de apreciación, pudieran ser constitutivos de delito”, por lo que pidió a la SHCP que se encuadrara el tipo de delito que cometieron Raúl Garnier Capillo, Gilberto Sing Hurtado, Guillermo Trejo Dozal, Carlos Humberto Bonfante Olache y al apoderado legal José Fernando Moncada.
La orden de aprehensión –escaneada de manera incompleta y distribuida desde el correo electrónico de una empresa- incluye a Moncada González, Garnier Capillo, Sing Hurtado y Trejo Dozal, el secretario General de Gobierno de origen perredista de la administración panista de Francisco Vega de Lamadrid. En el documento judicial turnado a la agencia del Ministerio Público de la Federación no se considera a Carlos Bonfante, secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, a pesar de ser señalado en la CNSF.
Existen 13 contratos de prestación de servicios médicos entre 2009 y 2102 de diferentes empresas por consulta externa general y de especialidad, urgencias médicas y accidentes, optometría, oftalmología, laboratorio, hospitalización corta distancia, cirugía ambulatoria de urgencias y medicamentos de patente, servicios de exámenes médicos de selección de personal y prestación de servicios médicos menores para prevención de salud para empleados.
En el documento judicial se señala que “no existe en el expediente constancias que acrediten la existencia de pagos por concepto de primas de seguros.
Sin embargo, existen facturas por atención médica” por 4 millones seiscientos setenta y nueve mil pesos y que la empresa pagó 86 mil 319 pesos por concepto de servicios médicos y hospitalarios.
Sin embargo, reitera la inexistencia de antecedentes de autorización para operar como institución o sociedad mutualista de seguros por lo que el 31 de enero se libró orden de aprehensión contra cuatro directivos, incluido Trejo Dozal, quien fungía como secretario del Consejo de Administración.
De acuerdo a la declaración ministerial de los representantes de las empresas consultados la persona que ofreció la modalidad de servicios es el apoderado legal José Fernando Moncada –exdirector médico de Promed Grupo Médico-, según la querella presentada por el director General de Delitos Financieros y Diversos de la SHCP, Flavio Carlos Valadez.