Prensa y gobierno; historias de impunidad y poder en BC

Antonio Heras / Lindero Norte
En Baja California el lenguaje de la impunidad es el que se escucha en los casos de agresiones, amenazas, acoso institucional –detenciones y citatorios judiciales- y homicidios de periodistas.
Cada uno de estos asuntos permanece ante la indiferencia y el estigma del Gobierno de Baja California, además de los grupos fácticos de poder. La duda ante todo y la justificación después.
De manera cotidiana se suman nuevas expresiones donde se encuentran en riesgo la labor informativa y la integridad del reportero, considerado éste la pieza fundamental del periodismo por ser quien hace la nota. Esta situación se ha convertido en un referente del ejercicio del periodismo en México y Baja California no es la excepción.
En Baja California hay cinco municipios, de los cuales Tijuana es en el que se registra uno de cada dos delitos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, le sigue Mexicali –la ciudad capital- con un 30 por ciento y en tercer sitio del mapa de la incidencia delictiva se ubica el Puerto de Ensenada.
A contraparte no existe una estadística sobre los incidentes donde se involucra un periodista, la mayoría de los casos se quedan en la memoria pues de ocupar espacios en medios de comunicación termina por quedar en el olvido.
En la entidad hay más de una docena de organizaciones gremiales que van desde asociaciones hasta federaciones de periodistas, cuya fuerza se hizo palpable al impulsar la Ley de Protección Social de los Periodistas de Baja California, un esfuerzo loable sin duda pero que marginó los aspectos de protección a la integridad y la labor del reportero en un entorno de violencia.
Si entre 2008 y 2009, una guerra entre cárteles (Sinaloa v Tijuana) produjo los más altos índices de ejecuciones en la historia de la entidad, a partir de 2013 se vive una violencia soterrada por la confrontación entre células de la venta de droga al menudeo, sobre todo en Tijuana.
Allí, de nueva cuenta, surge la figura del reportero y la cobertura noticiosa.
Ante este panorama existe una clasificación para hacer visible la situación de riesgo, aunque es justo precisar que no ha habido resultados de detenciones ni procesos judiciales en contra de culpables de delitos que se encuentran entre denuncias, averiguaciones previas y Número Únicos de Caso (en el caso del Nuevo Sistema de Justicia Penal).
Existe el hecho sí pero no la respuesta de la autoridad.
Silencio y conmemoración
Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Gobierno de Baja California envió un comunicado para felicitar a los periodistas de la entidad y reconocer “a los representantes y directivos de los medios de comunicación escritos, electrónicos y digitales, por la labor diaria que realizan al dar cuenta del acontecer social y sus esfuerzos por reivindicar una prensa libre e independiente”.
El gobernador Francisco Vega de Lamadrid dijo en su primer discurso que su gobierno se significaría por la transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión. Sin embargo, su política pública de comunicación ha sido criticada por periodistas y directivos de medios de comunicación porque a cambio de contratos de publicidad se ha buscado condicionar y acallar las voces críticas en los espacios informativos y usado la discrecionalidad por intereses personales y la ilegalidad, a partir de la frase “como veo, doy”, un giro a la frase histórica del lopezportillismo “no pago para que me peguen”.
Agresiones
En el rubro de agresiones son tres las ciudades donde se han reportado caso de agravio contra periodistas: Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito.
El caso de Tijuana es sintomático de una violencia en las calles donde también participan las corporaciones policiacas, puesto que en octubre  de 2013 dos reporteros fueron agredidos y detenidos cuando realizaban su labor informativa. José Luis Camarillo y Jorge Fregoso cubrían el desalojo policiaco de siete familias del arroyo Alamar y un accidente de una patrulla municipal.
En Playas de Rosarito, la reportera Carmen Olsen ha enfrentado la animadversión y agresión de escoltas del entonces director de Seguridad Pública Municipal, mientras que en Mexicali la Procuraduría General de Justicia ha protegido al autor de lesiones agravadas en contra del reportero Antonio Heras y el Poder Judicial de la Federación e excusó del caso por tratarse de delitos del fuero común.
Amenazas
En la última década, es en la ciudad de Tijuana donde se hicieron públicos tres asuntos de amenazas del crimen organizado en contra periodistas y medios de comunicación.
En 2004, por amenaza de muerte en contra de su director general y uno de sus reporteros el Semanario Cicuta de Tijuana salió de la circulación. Las amenazas del operador del Cartel de Tijuana, Marco Antonio García Simental, “El Cris”, y confirmadas tras su detención por su hermano Teodoro, “El Teo”, se hicieron llegar a través de un abogado que después fue ejecutado.
En febrero de 2013, lo directores del Semanario Zeta y el portal de noticias Diez4 recibieron amenazas de muerte por parte de quien se sospecha que son integrantes del crimen organizado que opera en esta frontera. En octubre de 2013, el director de Expediente Público recibió un moño negro y después un ramillete de rosas negras que se ha interpretado como amenaza de muerte.
Acoso institucional
Agentes del Ministerio Público de la PGJE y jueces del Poder Judicial de la Federación han incurrido en acoso institucional al solicitar a periodistas que den a conocer sus fuentes de información sobre casos delictivos y hasta han llegado a citarlos como testigos de quienes se encuentran bajo proceso por delincuencia organizada y narcotráfico, a petición de la defensa.
En junio de 2012, el reportero Said Betanzos recibió un citatorio de una Agencia del Ministerio Público donde se le pidió dar a conocer la fuente de información sobre un asunto de secuestro que se registró en Tijuana. Una situación similar se reportó con el reportero Vicente Calderón donde un juez de distrito solicitó de manera oficial que entregara el video sin editar de la cobertura de la detención de un miembro de una célula del narcotráfico, bajo la amenaza de multa en caso de no acatar la exigencia.
Lo casos más recientes revisten de un significado que requiere ser analizado con detenimiento puesto que medio de comunicación como la Agencia Fronteriza de Noticias, Milenio Baja California y Frontera recibieron citatorios de jueces federales para presentar información como testigos de personas que enfrentan procesos por delincuencia organizada y delito contra la salud. En un caso, el juez federal solicitó a AFN que revelara su fuente de información sobre la detención de un hombre acusado de trasiego de droga y el decomiso de enervantes.
El representante de la Fundación para la Libertad de Expresión en Tijuana, Said Betanzos presentó una queja ante la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el agravio que representa la actuación de los jueces federales y la inseguridad que representa para su integridad física y la de su familia.
Homicidio
Un asunto es emblemático por la reacción de los cárteles de la droga contra periodistas y la inacción de las procuradurías de Justicia de la Federación y del Estado. Se trata del asesinato en junio de 2004 en Tijuana del editor del Zeta, Francisco Ortiz Franco.
A una década de su homicidio la PGR ni la PGJE investigan el caso. En su muerte subyace un reportaje donde dio a conocer los entonces nuevos rostros de la operación del Cartel Tijuana luego de la detención de la mayor parte de los varones de los hermanos Arellano Félix. Los investigadores nunca acudieron a revisar sus archivos, sus cuadernos de trabajo, ni su computadora, ni entrevistaron a sus compañeros de trabajo menos a la familia
El olvido
El fotógrafo Gerardo Martínez de El Sol de Tijuana fue localizado en un tambo de metal en la zona oriente de Tijuana, durante la madrugada del 2 de diciembre de 2008. Este caso se encuentra en el olvido. Ni su propio medio de comunicación se ocupó del homicidio.