• mayo 6, 2014
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Organismos de derechos humanos reprueban a gobierno de BC y Ayuntamientos por tortura

tortura20121031Lindero Norte
Mexicali.- Representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, realizaron un recorrido por Baja California para documentar casos de tortura.
El relator sobre tortura de la ONU, Juan E. Méndez, se reunió con víctimas de Ciudad Guadalupe Victoria, del puerto de San Felipe, Ensenada, Tecate y Tijuana para escuchar testimonios y evidencias sobre allanamientos sin orden judicial, robo de pertenencias, detenciones arbitrarias, siembra de evidencias, secuestro, extorsión y tortura.
En un informe de la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste, su director Raúl Ramírez Baena dio a conocer que las víctimas señalaron ante estos organismos la responsabilidad de elementos del ejército mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, uniformados o de civil, encapuchados con armas de asalto y en vehículos oficiales o particulares, algunos de ellos integrantes de los cuerpos de inteligencia.
Los representantes de estos organismos determinaron que en Baja California, al igual que en las entidades de México, no existen políticas de seguridad pública con enfoque de derechos humanos ni tampoco hay voluntad política para sancionar a las autoridades perpetradoras de tortura y otras violaciones graves, autores materiales e intelectuales.
torutra 2Ramírez Baena dio a conocer que los resultados de este recorrido fue reconocer que la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “no atienden de manera eficaz las quejas sobre tortura ni dan seguimiento a las recomendaciones que emiten, por tanto, no hay sanciones ni reparación del daño a las víctimas”, además que las dependencias gubernamentales y las corporaciones policíacas tienen como política de comunicación social la “difusión de logros obtenidos” donde exhiben a los detenidos antes que inicie la averiguación previa lo que provoca molestia y la violación a los derechos a la presunción de inocencia, a la honra y a la dignidad.
“Los agentes del Ministerio Público no aplican en sus actuaciones los principios, obligaciones y deberes en materia de derechos humanos que les impone la Constitución y en su lugar validan la confesión obtenida bajo tortura y consignan a los juzgados a las personas torturadas por policías y militares”, señaló al tiempo de agregar que los jueces y magistrados tampoco utilizan los criterios sobre el principio Pro Persona e Interpretación Conforme, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los obliga a aplicar el control de Constitucionalidad y de Convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos.
Estos controles, expresó, fueron creados para ofrecer la máxima protección a los derechos humanos de las personas, como son las víctimas de tortura, de ahí que miles de personas inocentes sufren hoy injustamente largos procesos o sentencias en prisión.
Los casos documentados por los representantes de Amnistía Internacional y la ONU, entre otros, fueron denunciados por la CCDHN ante organismos internacionales de derechos humanos.

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