Tortura e impunidad en BC

Antonio Heras
Sáquenlo junto con ese chamaco… ahora sí nos van a decir dónde está la droga…”
Fue la voz autoritaria de quien fungía como jefe de un comando de hombres vestidos de civil, con sus rostros cubiertos por capuchas de lana y armas largas que irrumpieron en 2013 en una casa de Tijuana.
Luis Ángel Zazueta Cornejo, uno de los miles de ciudadanos que cuentan con dos nacionalidades por su condición de fronterizos, cruzó la frontera del condado de San Diego donde realizaba estudios para asistir a la fiesta de su padre en Tijuana.
Antes de pisar territorio mexicano, sonrió para sí mismo pues en la reunión familiar vería a sus primos, tíos, hermanos y por supuesto a sus padres. Su trayecto se grabó en una de las decenas de cámaras de vigilancia que se encuentran apostadas en la Línea Internacional.
Horas después, se encontraba en una de las filas que dividía a los hombres y mujeres de los Zazueta Cornejo. A unos les pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, los golpearon para exigirles le informaran sobre el paradero de un cargamento de droga, a otras les quitaron sus objetos de valor.
A pesar de la incertidumbre por su traslado hacia un lugar desconocido, Luis Ángel sintió alivio porque sus familiares quedaron a salvo en su casa y después, en la calle, el comando liberó a su primo que menor de edad.
La versión oficial de los agentes estatales es que el mexicoamericano se encontraba sentado en una banqueta, con una mochila donde llevaba droga con fines de comercialización, y fue detenido en un operativo realizado en Tijuana producto de una denuncia anónima que alertó sobre la venta de droga al menudeo y que culminó con la detención de cuatro hombres y una mujer.
Uno de esos hombres –arrestado en otro punto de la ciudad- es Adrián Vázquez Lagunes, propietario de dos unidades de taxis de ruta conocidos en esta ciudad fronteriza como “calafias”, a quien se le identifica como integrante de una célula del Cartel Arellano Félix.
A sus 24 años de edad, Luis Ángel se encuentra en prisión preventiva, en la misma celda con 23 internos sentenciados y procesados, en el Centro de Readaptación Social de La Mesa de Tijuana.
La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste presume la inocencia de Zazueta Cornejo y de Vázquez Lagunes por lo que ha participado con su defensa jurídica en demostrar las inconsistencias y falsedad de pruebas, la fabricación de delitos, tortura, allanamiento, cateos ilegales, detención arbitraria, secuestro y extorsión.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado que en México y sobre todo en Baja California la comisión de delitos de esta naturaleza es una práctica generalizada.
Acuerdan diagnóstico en BC
La desaparición forzada de personas, la tortura y la situación de periodistas y defensores de derechos civiles forman parte de los temas para el diagnóstico del Programa Estatal de Derechos Humanos de Baja California.
En este ejercicio en el que participan representantes gubernamentales, de centros universitarios y organizaciones de la sociedad civil también se prevé reconocer la situación de los derechos de migrantes, mujeres, indígenas, adultos mayores y de personas con discapacidad.
El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández Valencia, se reunió con el gobernador Francisco Vega con la finalidad de armonizar el programa federal de derechos humanos en la entidad.
En un comunicado, la administración panista destacó su intención de ser “modelo nacional en el país” en materia de derechos humanos, a efecto de ampliar las oportunidades de los bajacalifornianos y elevar la calidad de vida de la población en general.
Vega de Lamadrid se comprometió a instrumentar una administración eficiente que cumpla con la responsabilidad de respetar, proteger, garantizar y satisfacer los derechos humanos de todas las personas que habitan en Baja California y refrendar el Programa Nacional de Derechos Humanos.
En junio se llevarán a cabo audiencias públicas para “presentar y enriquecer el proyecto del programa de Derechos Humanos para Baja California”, según el gobierno de Vega de Lamadrid.
Impunidad y violencia institucionalizada
El director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena,  dijo que se trata de un buen esfuerzo puesto que se busca partir de un diagnóstico armonizado por la oficina de Alta Comisionada de la ONU para aterrizar el programa estatal.
Entre los retos es que se debe surtir efectos en políticas públicas para mejorar la situación de los derechos humanos en Baja California e incorporar al Presupuesto de Egresos 2015, además de hacer reformas y leyes que refuercen el sistema en la materia.
Ramírez Baena sostuvo que ese organismo de la sociedad civil participa como vigilante para que se concrete y funcione bien el Programa Estatal de Derechos Humanos.
-Es difícil la situación en Baja California, se cuestiona.
“En efecto no es nada halagüeña por lo que deberán surgir situaciones incómodas para el estado  porque se trata de hacer un diagnóstico objetivo y veraz para que no se desvíen situaciones ni oculten cosas salga lo que tenga que salir por muy incómodo que resulte.
“De lo contrario, serían en vano las visitas de organizaciones internacionales que han realizado a Baja California en los últimos meses, entre ellos Amnistía Internacional,  ONU, Comisión Internacional de Derechos Humanos.
“El tema de la tortura tiene que salir porque afecta a la sociedad y porque hay una cauda de casos que se han dado por autoridades, sobre todo del Ejército y la Policía Estatal Preventiva, aunque también se encuentran las policías municipales.
“A pesar que hay tortura física y sicológica, no hay castigo para perpetradores por lo que derivado del diagnóstico se prevé una Ley para Prevenir y Castigar la Tortura en Baja California, en armonía con la ley federal para tomar medidas para la acción penal por delitos contra la tortura. En Baja California existen casos acreditados pero hasta el momento hay impunidad”, advirtió Ramírez Baena.
El de Luis Ángel es uno de los siete casos de tortura que la CCDHN documentó ante la ONU-DH y Amnistía Internacional.