Columna Lindero Norte: Desmemoria legislativa y delitos contra el honor

Antonio Heras
El tema de la despenalización de los delitos contra el honor en Baja California sufre de desmemoria de los diputados del Congreso del Estado.
Fue lamentable la sesión del 5 de junio donde lo esperado era un punto de acuerdo para que dejaran de ser delitos la difamación, calumnia e injurias y se convirtieran en un acto en litigio por la vía civil.
Todos nuestros diputados hablaron a favor, aun más cuando se encontraba presente la reportera Carmen Olsen contra quien existe auto de formal prisión porque una ex servidora pública la denunció por difamación al publicar en Facebook que se le había disparado su arma de cargo en el baño de la Dirección de Seguridad Pública de Playas de Rosarito.
Para historia de la ignominia porque ante este pecado contemporáneo y delito de lesa humanidad cometido por la reportera de Rosarito es que los jueces confirmaron su auto de formal prisión.
Lo preocupante es que los legisladores simplemente no leen, ni se enteran de lo que sucede en este inmueble del Centro Cívico, porque lo que ponderaron como buenos deseos simplemente ya está servido en su mesa.
Lo triste es que los diputados esperarán a un momento político para apenas empezar a discutir el asunto donde hay divisiones porque hay quien considera que algunos periodistas merecen prisión por sus críticas y otros porque forman parte de la maliciosa y perniciosa manera de manejar la información que adquirió tonos de perversión.
Desmemoria o ignorancia
El 5 de octubre de 2012, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, a cargo de la petista Claudia Agatón, recibió del Gobierno del Estado la “iniciativa de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Baja California referentes a los delitos contra el honor, reforma el párrafo noveno del artículo 1794 y adiciona el artículo 1794 bis al Código Civil para el Estado de Baja California”.
En el texto se planteó que la libertad de expresión y de imprenta, así como el derecho a la información, son esenciales para toda democracia, además que el Código Penal tipifica los delitos de difamación y calumnia como instrumento jurídico  para garantizar el derecho a terceros. Sin embargo, agrega, es reconocido internacionalmente que la protección al honor y reputación debe estar garantizada solamente a través de sanciones civiles y no por la vía penal.
En esa iniciativa para la reparación del daño se le deja el cargo de la prueba al supuesto ofendido, quien debe acreditar “plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal conducta”.
Para ello está obligado a probar que existió malicia efectiva a sabiendas de falsedad o con el único propósito de causar daño, aunque la reproducción fiel no da lugar al daño moral, aun en los casos que esta información no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, con el solo hecho de citar la fuente de donde se obtuvo.
En ningún caso, las opiniones desfavorables se consideraran ofensas contra el honor, ni cuando se realicen en cumplimiento de un deber, se ejerza un derecho cuando no se tenga derecho ofensivo.
Esa iniciativa se encuentra intocada en el archivo del Poder Legislativo local.
El 1 de mayo de 2013, la Fundación para la Libertad de Expresión, capítulo Baja California, exigió al gobernador Guadalupe Osuna Millán y al Congreso de Baja California realizar los trámites respectivos en su ámbito de competencia para despenalizar los delitos de difamación, injuria y calumnias para integrarlos al Código Civil del Estado.
En mayo de 2014, durante la instalación del Frente de Comunicación Democrática, encabezado por los senadores Javier Corral, Ernesto Ruffo y Víctor Hermosillo, así como de los diputados Francisco Barraza Chiquete, Gerardo Álvarez y Gustavo Sánchez, se reiteró la urgencia de despenalizar estos delitos por ser una de las 13 entidades del país que los contienen en su Código Penal.
Otros organismos como el Artículo 19, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Asociación de Periodistas de Mexicali se han pronunciado y presentado propuestas para la despenalización de estos delitos.
Son varios los casos de denuncias penales que han enfrentado los periodistas bajacalifornianos en el ejercicio de su labor informativa, al menos existe una decena de denuncias, según el recuento de Jorge Heras en Lindero Norte.
Focos rojos
Además de la estulticia de nuestros representantes populares, el gran problema son los márgenes de la reparación del daño, en caso que legislen la modificación a los Códigos Penal y Civil,
Aunque la memoria colectiva señala que una de las actividades más desprestigiadas de México es la del político y en particular la del diputado, pues por simple lógica formal su reputación es similar. Pero imagine usted que en un juicio civil, el más desprestigiado ejemplar de la política o el servicio público considere primero que tiene honorabilidad y después que su precio es millonario.
Los legisladores bajacalifornianos ya cometieron la torpeza de certificar en una pingüe ley que el periodista es aquella persona que se dedica de se dedica al ejercicio de redactar o publicar información de manera permanente o de forma ocasional.
En otras palabras, todos somos periodistas.