• junio 6, 2014
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Columna: Presunción de inocencia vs Fabricación de culpables

jailElvira Luna Pineda
Para nadie es un secreto que de “iba pasando por ahí” te convierten en delincuente, sicario o narcotraficante.
Alguien en alguna oficina gubernamental de repente requiere justificar el trabajo que no hace, y convierte a hombres y mujeres inocentes en delincuentes de alta peligrosidad. Mientras, los verdaderos criminales se pasean sin ningún rubor por cualquier lugar, con total impunidad y ante la complacencia oficial.
Analicemos.
Jacinta, Teresa y Alberta, fueron detenidas en el sexenio de Fox por “secuestrar” a 6 policías federales y condenadas a 21 años de prisión. Obtuvieron su libertad en 2010, al recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tener ésta, que enmendar el trabajo de los Jueces de Distrito que no supieron, no pudieron y/o no quisieron detectar las irregularidades y violaciones procedimentales y a derechos humanos en las que incurrió el Ministerio Público Federal al sostener la acusación de estas 3 mujeres mexicanas, que de vendedoras de aguas frescas, nieves y paletas fueron convertidas por un rancio sistema de justicia en secuestradoras de 6 policías federales.
Jacinta, ejemplo de coraje y dignidad no quedó conforme con su liberación, y demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) por daño moral y material ante la infame y perversa acusación. ¿Porque infame? ¿Porque perversa? Porque nunca se presentaron pruebas sólidas en su contra, la hicieron firmar docenas de documentos sin la asistencia de un intérprete, ya que Jacinta hablante de su lengua madre el otomí, de acuerdo con estudios antropológicos realizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Querétaro, apenas hablaba un 20 por ciento de español, violándose diversas disposiciones legales en materia de derechos humanos establecidas en el derecho interno y en tratados internacionales suscritos y ratificados por México.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se hizo cargo de la defensa de Jacinta, demostrando que esta mujer madre de 6 hijos y abuela de igual número de nietos, vendedora de nieves y hablante otomí, se le atribuyó una acusación y declaración fabricada escrita en español, que ella no puedo elaborar y menos aún comprender. Además la defensa atinadamente alegó y demostró que fue materialmente imposible que Jacinta conjuntamente con Teresa y Alberta pudieran privar de la libertad a 6 agentes policiales capacitados y entrenados para repeler agresiones, y que además se encontraban armados en el momento del “supuesto secuestro” imputado a las 3 mujeres.
Hace apenas unos días, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le dio la razón a Jacinta y ordenó a la PGR indemnizarla económicamente por su acusación y encarcelamiento ilegal.
La reparación debe incluir el tiempo que Jacinta no pudo trabajar por estar en prisión y una cantidad adicional por daño moral ya que la privación de su libertad le causó lesión “en su honor, sentimiento, vida privada, decoro, reputación y aspecto físico”.
Una disculpa pública también es parte de esta sentencia, en la cual la PGR “deberá reconocer públicamente la inocencia de Jacinta, por los delitos que fue indebidamente acusada, al menos en los mismos medios donde se difundió la acusación en su contra”.
Este fallo, “constituye jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales administrativos federales del país”, obligando a las autoridades a su profesionalización y especialización técnica para erradicar violaciones a derechos humanos como modus operandi del sistema que facilita la fabricación de culpables.
Mientras tanto, en Baja California casos como estos quedan en el olvido ante la insensibilidad y opacidad gubernamental.
La inmolación del señor José Guadalupe Macías en plena explanada del Centro Cívico en Mexicali, es muestra de que en Baja California la fabricación de culpables también es una ruta…
abogadaelviraluna@gmail.com

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