El problema de fondo en la justicia mexicana es la corrupción en la policía: Juan Velásquez

Antonio Heras
Mexicali.- El Nuevo Sistema de Justicia Penal no es la panacea al rechazar que se haga justicia para pobres o castigo para ricos, toda vez que el verdadero problema de fondo son los policías y la corrupción, sostuvo el abogado penalista Juan Velásquez.
Para el penalista, la policía mexicana es la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta del mundo, además que hay 400 municipios sin agentes policíacos y 800 municipios con policías que apenas cursaron la primaria, “o sea que apenas saben leer y escribir, casi casi”.
“Orgulloso” defensor jurídico de los expresidentes mexicanos Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, así como a Raúl Salinas, con quienes tiene empatía, Velásquez dio a conocer que descartó representar a la expresidenta vitalicia del magisterio oficial Elba Esther Gordillo por consideración al presidente Enrique Peña Nieto, quien fue su alumno.
“El señor presidente fue mi alumno y por consideraciones personales decliné, yo diría que es un asunto muy parecido a otro que defendí el “Pemexgate”, el sindicato que dispone de dineros y que gané muy fácilmente, diciendo: sí, es cierto que usé 500 millones de pesos para financiar la campaña del PRI ¿y?”, sostuvo en Tijuana al tiempo de advertir que “con otra estrategia” existían posibilidades de obtener la libertad de Gordillo Morales, recluida en un penal acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal que se instrumenta en México, en el caso de Mexicali desde 2010, el penalista consideró que se producirá un colapso.
En la actualidad, dentro del “sistema tradicional” nueve de cada diez juicios los atienden defensores de oficio, los cuales trabajan de manera simultánea hasta con 250 internos y pierden el 94% de los casos por la falta de tiempo y capacidad para atender.
Comentó que el sistema judicial podría convertirse en una negociación, como es el caso de Estados Unidos, donde los abogados optan por llegar a acuerdos extrajudiciales que son aceptados por las autoridades judiciales para no gastar recursos en los juicios penales.