Lun. Mar 30th, 2020

Asaltan oficinas de la revista Contralínea en México; se llevan expedientes periodísticos y equipo

contralinea-600x400Antonio Heras
Mexicali.- Las oficinas de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación fueron asaltadas durante la noche de este lunes para sustraer expedientes periodísticos y documentación de reporteros que se encontraban en sus escritorios, confirmó a Lindero Norte, su director Miguel Badillo.

El periodista es integrante de la Fundación para la Libertad de Expresión (FUNDALEX) y de la Casa de los Derechos de los Periodistas, organización que reprobó esta nueva acción en perjuicio de la revista Contralínea y exigió a las autoridades de procuración de justicia del Distrito Federal que investigue de manera eficiente para dar con los responsables intelectuales y materiales de estos hechos y a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso por tratarse de una agresión sistemática contra la publicación.

De las oficinas que se encuentran en la avenida Río Churubusco, a la altura de la colonia del Carmen en Coyoacán fueron sustraídos 19 equipos de cómputo, entre ellas las portátiles de Miguel Badillo y el subdirector José Réyez, una cámara de video profesional, tres pantallas de televisión, equipo de audio y una consola de producción radiofónica, así como discos compactos con información editorial. Todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados.

La Casa de los Derechos de los Periodistas sostuvo en un comunicado que se trata de un acto intimidatorio que se da en un contexto de agravios constantes contra el equipo de Contralínea.

El 18 de abril de 2014, hace dos meses, fue asaltado el domicilio particular de Badillo, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya resuelto el caso, pese a las grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon que constan en la averiguación previa FCY/COY-2/T2/0105071406.

En el robo a las instalaciones de la revista, la caja fuerte que se localiza en la oficina de Reyez fue forzada, así como algunas puertas y ventanas, y los delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables.

contralinea asalto 2Estas cámaras son parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Gobernación a favor de Contralínea dentro de los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas, tras las peticiones realizadas directamente por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el libre ejercicio de expresión e información de la revista.

Aunque en el mecanismo también incluía vigilancia permanente al lugar de trabajo, la agresión demuestra la ineficacia de la Secretaría de Gobernación para garantizar y proteger la labor periodística, advirtió la Casa de los Derechos de los Periodistas.

Contralínea ha sido objeto de amenazas, persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos publicitarios e informativos gubernamentales, un arresto y una emboscada.

El 5 de agosto de 2007 representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de la revista para amenazar con desaparecer la publicación y exigir que se les revelaran los nombres de fuentes de información sobre reportajes publicados. Un día después iniciaron las acciones judiciales, puesto que Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presentó la primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda contra la revista y sus periodistas se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.

Entre las irregularidades del caso destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de imposible cumplimiento, además que el juzgador de primera instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del medio.

zeta gas contralineaEl 7 de noviembre de 2007 Oceanografía, SA de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros. Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos, además que se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante.

El 13 de agosto de 2008 los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Contralínea interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.

El 16 de enero de 2009 elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestaron a Miguel Badillo, director de Contralínea. El 11 de febrero de 2009 representantes del Grupo Zeta Gas allanaron de nueva cuenta las instalaciones para exigir la revisión de escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.

El 22 de abril de 2009 Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus periodistas por supuesto daño moral.

El 14 de septiembre de 2009 la CNDH emitió la recomendación 57/2009 que acredita la discriminación publicitaria de la que es objeto la revista por el gobierno federal.

El 10 de abril de 2010 desconocidos allanaron y saquearon sus instalaciones y en la emboscada sufrida por la Caravana por la Paz que se dirigía a San Juan Copala, Chiapas, se encontraban los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, los cuales estuvieron en calidad de desaparecidos durante dos días. Al ser rescatados, los periodistas presentaban deshidratación y, en el caso de David Cilia, tenía tres heridas de bala.

Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre fueron asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga. Las comunicadoras fueron agredidas en el contexto de violencia que se vive en todo el país.

En diciembre de 2013, la Secretaría de Gobernación, la CNDH y la CIDH iniciaron una nueva investigación por las violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco contra periodistas de la revista.

El Grupo Zeta Gas consiguió una sentencia contra el medio de comunicación violentando el debido proceso, toda vez que a espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no se les permitió defenderse. La revista fue condenada a pagar medio millón de pesos.

El Juzgado Noveno de lo Civil en Jalisco condenó a la revista y a varios reporteros al pago de una multa de 500 mil pesos. El proceso, promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas, inició y concluyó a espaldas del medio de comunicación, pues no se notificó a los periodistas interesados. Con ello, el Poder Judicial del Estado de Jalisco violó los derechos humanos de los hoy sentenciados y les canceló su derecho a un juicio justo, además de atentar en contra de la libertad de prensa y el derecho a la información.

En el caso intervino la Secretaría de Gobernación, a través de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. Mediante el oficio UDDH/911/5689/2013, el titular de la Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicitó al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega, se investigue “la presunta violación a los derechos humanos en relación a su garantía de audiencia y al debido proceso”.

En el documento oficial se hace referencia a la recomendación 57/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2009 y la reciente Recomendación General 20, en las que se documentó la violación al debido proceso en que incurrió el Poder Judicial de Jalisco en otros juicios interpuestos por Zeta Gas en contra de Contralínea. Por ello, la Secretaría de Gobernación pidió al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que permita conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se hubiere realizado, así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la recomendación”, además de recordarle su obligación “de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos”.

La CNDH también ha abierto un expediente en el que documenta los más recientes agravios en contra de la revista Contralínea y sus periodistas. El visitador adjunto adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General, Arturo E Pech Rodríguez, dio entrada a la queja presentada por Contralínea.

En el documento se establece que los periodistas no fueron notificados del juicio instruido en su contra, como tampoco de ninguna acción judicial dentro del juicio 0906/2009, en el que se les permitiera “conocer las acciones en su contra y emprender la defensa adecuada”.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República abrió un expediente para iniciar investigaciones que deslinden responsabilidades en los ataques sistemáticos a un medio de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, retomó este caso y estudia el tipo de acción a emitir al respecto.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco sólo escuchó la relatoría de la queja de los periodistas, pero no se comprometió a nada y dijo que en cinco días hábiles darán una respuesta para la admisión o no de la queja.

Grupo Zeta consiguió del Juzgado Noveno de lo Civil de Jalisco una sentencia condenatoria contra la revista Contralínea. Sin que se hubiera notificado al medio de comunicación ni a los periodistas involucrados, el proceso avanzó sigilosamente y concluyó en una condena a pagar una multa por supuesto daño moral por 500 mil pesos. La disposición también dicta el remate de la casa familiar del director de Contralínea, Miguel Badillo, para pagar la condena.

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