• julio 1, 2014
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Columna Palco de Prensa: A punto de estallar

FOTO   Asunto amparo autos usadosGilberto LAVENANT
Aunque se ha manejado con demasiada lentitud y exagerado hermetismo, el asunto de los amparos para importar vehículos usados, tramitados y otorgados, presuntamente, de manera irregular, está a punto de estallar. Ya empiezan a aparecer los primeros nombres de los presuntos involucrados.
El martes 24 de junio del año en curso, bajo el título de “Los negocios oscuros”, el columnista tocó este tema, recordando aquella grabación ilegal, relativa a una charla telefónica entre el exdirigente estatal de la CNOP en la entidad, Enrique Acosta Fregoso y el entonces diputado estatal priísta, Elí Topete Robles, precisamente sobre el negocio de la importación de los autos usados.
Dicha conversación telefónica, trascendió el miércoles 6 de Junio del 2012, por una noticia, aparecida en el portal del periódico capitalino Reforma, precisamente dos años atrás, y que cobraba actualidad, por otra nota, esta publicada el lunes 16 de junio del año en curso, en el portal de la Revista Proceso, respecto a la suspensión de un juez federal y un secretario de acuerdos, precisamente por el tema de los amparos para la importación de autos usados.
Señalaba el columnista, que la charla coloquial, entre Acosta Fregoso y Topete Robles, escandalizó a muchos, no por el tema de los amparos y los autos usados, sino porque, conforme a los diálogos entre ambos personajes, presuntamente, el entonces Senador Fernando Castro Trenti, estaba involucrado en este asunto.
En la nota de Proceso, se indicaba que el Consejo de la Judicatura Federal, había suspendido, sin goce de sueldo y por tiempo indeterminado, a Daniel José González Vargas, quien fungió como titular del Juzgado Segundo de Distrito en Baja California, y Ricardo Arreola Villanueva, Secretario de dicho tribunal, con sede en Mexicali.
En la misma, se señalaba que : “Después de quejas de la industria automotriz, el CJF decidió hacer “una visita de inspección extraordinaria” al juzgado “ante la presunción de que tales servidores públicos concedieron, fuera de la legalidad, suspensiones, tanto provisionales como definitivas, a empresas importadoras de autos usados”.
Ayer lunes, a las 03:21 de la tarde, un remitente, identificado simplemente como “información en serio”, mediante el correo electrónico : informaciónenserio@gmail.com,  remitió al columnista, una foto, en la que aparecen 6 personas, procediendo identificar, a dos de ellas, supuestamente involucradas en el tema de los amparos. Evidentemente, con la intención de que trascienda su identidad y su presunta relación con tales “negocios oscuros”. Pero, obvio, para desmarcar o deslindar a los funcionarios judiciales suspendidos.
La descripción de quienes aparecen en la foto, la hace, refiriéndolos de izquierda a derecha,  en los términos siguientes :“1.- No identificado”.
“2.- Oswaldo Martínez, actuario del juzgado tercero (del Juez André Nalda) y cuñado del Magistrado Francisco Domínguez Castelo (ex juez 12 de distrito con sede en Mexicali), firmó suspensiones como Secretario en funciones y operador de los amparos de importadores para el juez André Nalda”.
“3.- Magistrado Francisco Domínguez Castelo (ex juez 12 de distrito con sede en Mexicali)”. No le imputa ningún acto indebido, salvo el ser cuñado de Oswaldo.
“4.- No identificado”.
“5.- Benito Reyes (aparece en la foto como Benito “N”), ex Secretario Particular del ex gobernador Eugenio Elorduy Walter y socio en el despacho de Bernardo Martínez, Ex Secretario de Gobierno con el mismo ex gobernador Elorduy”.
“6.- Saúl Yáñez Castañeda, operador y empleado de Obed Montiel Herrera en la gestión de amparos para la importación de vehículos y mercancías, por conducto de Oswaldo Martínez (actuario y en algún momento Secretario del Juez Tercero en Mexicali, José André Neals Nalda) así como con el Juez Segundo, José Daniel González Vargas y los magistrados Faustino Cervantes (4to Tribunal Colegiado) y Benjamín Hernández”.
El remitente anónimo, no hace mayores referencias, salvo los señalamientos directos respecto a Oswaldo Martínez y a Saúl Yáñez Castañeda, en forma directa, así como Obed Montiel Herrera, presunto empresario importador de autos usados, los funcionarios judiciales José André Neals Nalda, José Daniel González Vargas, Faustino Cervantes y Benjamín Hernández. En la nota de Proceso, se hace mención de la suspensión de González Vargas, quien al momento de la resolución, era titular del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales en Villa Aldama, Veracruz.
Además de la presunta identificación de las personas que aparecen en la fotografía que remite y los señalamientos específicos, respecto a los supuestos identificados, el remitente agrega el texto de la nota, similar a la de Proceso, aparecida en el portal del periódico capitalino El Universal, de fecha lunes 16 de junio del año en curso, relativa a los funcionarios judiciales suspendidos.
La información y foto, materia de la remisión de ayer lunes, vía correo electrónico, evidencia que quienes, aparentemente, conocen a fondo los “negocios oscuros”, respecto al trámite y otorgamiento de amparos, presuntamente de manera irregular, para la importación de autos usados, están dispuestos a delatar o señalar a los involucrados en estos asuntos.
Esto, es algo así como una “bomba de tiempo” que está a punto de estallar. En cualquier momento, volverá a surgir el escándalo, cuando aparezcan nuevos nombres de los involucrados, que hasta ahora se han mantenido agazapados. Sobre todo, si se ejerce acción penal en contra de ellos. Conocedores de este tema, cuentan al columnista que este negocio ha sido tan redituable, para los involucrados, que ni siquiera encuentran donde almacenar el dinero percibido por la importación de autos usados.
 

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