• agosto 10, 2014
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Columna Sin Escalas: Violación de derechos humanos en el NSJP

centro de justiciaElvira Luna Pineda
La violencia familiar es en primer lugar un delito, establecido en el artículo 242 bis del Código Penal del estado, que señala que a quien lo cometa se le sancionará con pena de prisión desde los seis meses hasta los cuatro años. Pero el problema va más allá de una normatividad penal que en la práctica es casi letra muerta.
La violencia familiar es una problemática real y callada que se genera como un acto abusivo de poder, control y dominación. ¿Quien ejerce o genera este tipo de violencia y hacia quien la dirige? Aun cuando se ha asociado al hombre como generador de violencia en el seno familiar, la realidad tiene un factor determinante, el poder del más fuerte sobre quien es más débil o vulnerable, de ahí que efectivamente sean las mujeres quienes mayormente son víctimas de violencia, -incluso extrema hasta la muerte- por parte de sus parejas o exparejas, como esposos, concubinos, novios, o personas con las que se tuvo o tiene alguna relación sentimental. Sin embargo estudios serios visibilizan a la madre o abuela como generadoras de violencia contra niños y niñas (hijos, hijas, nietos, nietas).
Los adultos mayores y las personas con discapacidad son otro grupo poblacional que también resiente la victimización directa o indirecta de la violencia en el entorno de familia.
Esta grave problemática social ha estado envuelta en una serie de confusiones, resistencias, incapacidades y negligencias gubernamentales, además de ciertos tabúes. Se cree que las familias en las que se origina son aquellas en situación de pobreza o que viven en zonas marginadas o rurales inclusive. La realidad, -callada- nos alerta contra este cáncer social, la violencia familiar se da en el seno de cualquier familia, con diferentes matices y particularidades.
Las familias consideradas de clase media o media alta, la padecen y en gran número, sin embargo, sus miembros son quienes menos recurren a pedir apoyo profesional o institucional debido al “bullying social” al que consideran pueden ser expuestos. Se piensa además que sólo aquellas mujeres dependientes económicamente de su pareja o que no tienen estudios la sufren. Estos estereotipos se rompen ya que cada día con mayor incidencia se conocen casos de víctimas de mujeres con perfil profesional, ejecutivas, autónomas económicamente, incluso jefas de familia que sufren la violencia, amenazas, acoso y hostigamiento. ¿Qué pasa con las políticas públicas de prevención, atención y sanción de la violencia familiar?
Incontables son los factores que limitan las medidas que al respecto se han implementado. Incluyen la falta de conocimientos o comprensión de funcionarios sobre la violencia y sus causas fundamentales, la escasez de datos y estadísticas que cuantifiquen más allá de la punta del iceberg,  las  investigaciones para fincar responsabilidades y las medidas de protección en favor de las víctimas son escasas y con deficientes resultados, justificando en la mayoría de las ocasiones su falta de actuación en el inminente “perdón de la víctima”.
Programas sin presupuestos o recursos insuficientes, planes hechos en las rodillas, instancias creadas ad hoc por los caprichos o ineptitud de los titulares en turno; iniciativas que a menudo son reactivas, se focalizan en los síntomas y las consecuencias, no en las causas.
Estrategias gubernamentales -si las hay-, tienden a estar fragmentadas desperdiciando esfuerzos y parcializando objetivos. Respecto los compromisos internacionales su cumplimiento es casi nulo, aun cuando el estado pueda difundir lo que ha hecho o los avances en sus medidas implementadas, los testimonios de las víctimas reflejan lo contrario, sólo por mencionar un ejemplo, el gran error del sistema de justicia de Baja California, al someter casos de violencia familiar, violencia contra mujeres y casos similares a la justicia alternativa dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Error, omisión y contradicción legal que con procedimientos del estado, violentan no sólo las leyes nacionales, sino los derechos humanos de las víctimas.
Para reflexión: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” P. Auster.
mujerporlpaz@gmail.com
facebook.com/CentroIntegralparalaMujer

*Elvira Luna es ex Diputada integrante de la XVIII Legislatura Estatal y actualmente es Vicepresidenta Nacional de la Academia de Género de la CONCAAM

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