Coalición Profedensa del Migrante pide fortalecer Ley de Protección del Migrante en BC

Antonio Heras
Mexicali.- Organizaciones sociales y académicos solicitaron al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, reforzar la Ley Estatal de Protección al Migrante aprobada en el Congreso local para incorporar la protección no sólo de migrantes sino de su familia, además de definir el perfil del titular del área gubernamental de atención a migrantes y reconocer a las organizaciones la capacidad de presentar denuncias cuando se generen violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
La Coalición Prodefensa del Migrante la conforman la Casa del Migrante en Tijuana, el Instituto Madre Asunta, la Casa Ymca para Menores Migrantes, el Albergue del Desierto, el Centro de Apoyo al Trabajador Migrante y e Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica, quienes realizaron con varios académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de la Frontera Norte dos foros de consulta en 2011 y 2012 ante la urgencia de legislar “en el ámbito local en torno a la protección y atención a la población migrante que llega a nuestro estado”.
“En esas propuestas consideramos que debido a las condiciones demográficas que ha mostrado Baja California a través de su corta historia, de ser una entidad en donde la población migrante constituye un componente importante y donde distintos flujos migratorios convergen en su territorio, resultaba necesario se creara una ley que atienda las necesidades y proteja los derechos humanos de las personas migrantes” comentaron.
Sin embargo, la Comisión de Asuntos Fronterizos, Comercio, Desarrollo y Fomento Económico e Industrial y Competitividad del Congreso del Estado presentó en febrero una Ley de Protección a los Migrantes, cuyo texto final no se dio a conocer a organizaciones de la sociedad civil por lo que consideraron  necesario recurrir al Poder Ejecutivo para que ejerza su facultad de realzar observaciones sobre leyes aprobadas en el Poder Legislativo.
En el documento solicitaron que en cada artículo se incluya a “los migrantes y su familia”, además de perspectiva de género y la transversalidad, como se comprometió Vega de Lamadrid desde el principio de su gestión.
La organización social representada por el investigador José Moreno Mena y la luchadora social Esmeralda Siu sostuvo la necesidad que se precise el concepto de migrante donde se integre el tiempo de estancia como lo definen las instituciones de población, así como incorporar a la Secretaría de Desarrollo Social entre las dependencias que tienen relación con la ley y a la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Señalaron también que se debe considerar que la participación de las organizaciones civiles en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en pro de los migrantes en Baja California y reconocer las acciones de denuncia cuando consideren que han sido violados los derechos humanos de las personas migrantes.
En el caso de la posibilidad que tendrán los gobiernos locales de promover políticas y mecanismos en  beneficio de los particulares que otorguen apoyos a instituciones  organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto sea otorgar apoyos gratuitos a los migrantes, mediante incentivos y facilidades administrativas, advirtieron que se debe incluir la facultad de otorgar apoyos económicos para las organizaciones civiles.
En cuanto a la designación del titular de la Dirección de Atención al Migrante,
adscrita a la Secretaria General de Gobierno, se solicitó que se estipule que será a mediante un proceso de selección abierto, incluyente, publico, transparente y sujeto a la aceptación de la sociedad civil organizada, previa consulta al pleno del Consejo Estatal de Atención al Migrante.
Pidieron que se especifique que el titular deberá contar con un perfil académico idóneo y que tenga experiencia en temas relacionados con la problemática que enfrentan los migrantes en la entidad.
La coalición de organizaciones para la defensa del migrante solicitó que en el reglamento se otorguen facultades y acciones del Consejo Estatal de Migración y se incluyan en su elaboración a las organizaciones civiles.