Presiona Congreso de BC para destituir a ombudsman

Antonio Heras / APRO
Mexicali.-Grupos parlamentarios del Congreso de Baja California presionan para la renuncia al ombudsman estatal o, de lo contrario, promoverán denuncias administrativas y penales ante la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos que incluye depósitos en cuentas bancarias personales, en la nómina de empleados y el despido injustificado de trabajadores.
En diciembre de 2013, la Comisión de Fiscalización inició auditorías a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California ante una serie de quejas presentadas por exempleados que solicitaron juicio político del ombusdsman Arnulfo de León Lavenant.
Sin embargo, organizaciones ciudadanas de derechos humanos en esta entidad fronteriza criticaron al organismo autónomo de haberse convertido en un “circo de cuotas de poder” que gira en torno a partidos políticos y del propio Poder Legislativo estatal.
En una carta dirigida a los integrantes del Consejo Consultivo de la PDHPCBC, Sergio Hernández Zinzún pidió el inicio de procedimiento de juicio político ante “una variedad de faltas graves, y otras muy graves, sobre la utilización de los recursos públicos y de los bienes muebles e inmuebles, de la discrecionalidad para decidir los sueldos de los empleados incluido el del propio procurador, de préstamos y de las comprobaciones de gastos, y de asesorías y contrataciones de servicios profesionales externos, entre otras”.
Además de la exigencia de que se separe del cargo por estas conductas ilegales, el denunciante justificó las investigaciones porque “trasgrede los valores humanos más elementales como la justicia y la equidad y los derechos constitucionales y humanos de las personas que han sido despedidas sin ofrecer ningún tipo de explicación, razones o motivos justificados”. En la actualidad existen al menos 20 demandas laborales por despidos injustificados.
Al tiempo que por varios meses mantuvo laborando a empleados con la oferta de trabajo, de León Lavenant resguardó plazas vacantes para cubrir recomendaciones de servidores públicos y diputados “con el propósito de obtener favores futuros”, se asegura en la denuncia de Hernández Zinzún donde solicitó la destitución del ombudsman, se le finquen responsabilidades legales y se le inhabilite para ocupar cargos públicos por el mayor tiempo posible.
Esta denuncia trajo consigo una serie de citatorios para que León Lavenant compareciera ante comisiones legislativas y el inicio de auditorías donde se detectó el depósito de cheques de la PDHPC en su cuenta personal, los cuales explicó eran para cubrirle préstamos realizados al organismo autónomo para viáticos, hospedaje y gastos de operación.
Integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PEBC y PANAL se pronunciaron por la destitución de León Lavenant, a los que sumó el PRI luego que el ombudsman solicitara la renuncia de varios de sus allegados políticos.
Trascendió que el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, René Mendivil, se reunió para exigirle su renuncia, mientras que la presidenta de la Comisión de Hacienda Rosalba López Regalado anunció la procedencia de denuncia penal contra de León Lavenant a partir de auditorías del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
La panista dijo que en las comparecencias para que explicara lo que sucede al interior de la PDHPC, “él asumió la responsabilidad de las irregularidades”, comentó al tiempo de señalar que se cuentan con los elementos documentales suficientes para un proceso penal.
Sobre la situación que atraviesa y la crisis política en el organismo autónomo, de León Lavenant señaló que los legisladores le aplicaron “bullyng político”
Designación priísta
El 2 de junio de 2012, asumió el cargo de titular de la PDHPC el excoordinador de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tijuana, un hombre dedicado al comercio de autos, militante tricolor durante los últimos 40 años y recién egresado de la carrera de Derecho. Con una vigencia de tres años, su periodo concluirá hasta el 2015.
Este organismo autónomo surgió en 1992 durante la administración del gobernador panista Ernesto Ruffo Appel cuando el nombramiento del primer ombusdman recayó en el abogado José Luis Pérez Canchola, quien después integraría el gobierno de Cuauhtemoc Cárdenas en el Distrito Federal, coordinaría las Redes Ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador en Baja California y en la actualidad es asesor del gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid
Otros procuradores son Antonio García Sánchez y Raúl Ramírez Baena, a quienes se les vincula con organizaciones políticas y sociales de izquierda al igual que a Francisco Javier Sanchez Corona, exdiputado local por el PRD.
Durante el gobierno de Eugenio Elorduy Walther (2001-2007) se designó omo titular al panista Ismael Chacón Guereña,quien después fue subsecretario de Gobierno del panista José Guadalupe Osuna Millán y secretario General del PAN en la entidad.
A Heriberto García García se le vinculó con el grupo de Jorge Hank Rhon lo que le valió que al concluir su periodo se le cancelara su facultad de repetir en el cargo y lo sustituyó Arnulfo León Lavenant impulsado por el grupo político del priista Fernando Castro Trenti, actual embajador de México en Argentina y excandidato al gobierno de Baja California.
Circo político
Ante las acusaciones en contra de la PDHPC, el director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, lamentó la situación de crisis en la que se encuentra este organismo autónomo que se convirtió en un “circo de cuotas de poder”.
Luego de referir que esta situación repercute en la defensa de los derechos humanos en esta frontera, Ramírez Baena sostuvo que es un “circo: responden a favores políticos sin importar los perfiles profesionales, como es el caso de Francisco Castro Trenti, cuya trayectoria está vinculada a corporaciones policiacas, y que está al frente del organismo en la zona de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, donde vive la mayor parte de la población de Baja California”.
Se trata de un reparto de cotas, agregó, por ello la actuación del ombudsman y las designaciones de políticos en su equipo de trabajo rebasó la simulación y se vuelve descarado al incumplir sus obligaciones porque es un organismo que no hace públicas las recomendaciones.
Para Ramírez Baena los responsables de esta lamentable situación por la que atraviesa la PDHPC es la anterior legislatura porque entre sus facultades legales estuvo la designación de su titular en 2012, pero los legisladores se sujetaron a intereses y acuerdos políticos, en torno a las figuras de Castro Trenti y del exgobernador Osuna Millán.
Esto representó veneno puro para el organismo autónomo que basa su prestigio en su trayectoria y en su autoridad moral para convertirse en un contrapeso del Estado, pero se impuso un personaje político que pretendió ser gobernador de Baja California y que en ese intento cooptó a varias instituciones para sus fines.