• septiembre 22, 2014
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No es tortura sino uso excesivo de fuerza pública el caso de Vazquez Lagunez: PGJE

adrian fam 3Antonio Heras / La Jornada
En Baja California la tortura no existe.
El dolor físico y mental infligido por policías o militares es «uso excesivo de la fuerza pública», según dictamen de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado al aplicar el primer Protocolo de Estambul en un detenido que acuso de tortura a sus captores.
Detenido en un operativo de la Policía Estatal Preventiva el 26 de septiembre de 2012, Adrián Vázquez Lagunez resulto con siete costillas rotas, perforación de un pulmón y estallamiento de vejiga producto de los golpes con pies, manos e instrumentos del que fue víctima durante la noche en Playas de Rosarito y la madrugada del día siguiente en Tijuana.
Estos resultados representan un mensaje de impunidad y prueban la complicidad y los mecanismos de la violencia institucionalizada, sostuvo la abogada Sandra Esquer, defensora de Vázquez Lagunez.
Este hombre fue incriminado por el comandante y agentes de la PEP de ser el lugarteniente del Cartel de Sinaloa en el corredor de Sonora y Baja California, además de «sembrarle» armas y 26 dosis de droga.
Es uno de los siete casos documentados por Amnistía Internacional sobre tortura, desapariciones forzadas y fabricación de delitos que fueron presentados por organizaciones civiles, entre ellos la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional.
Estas organizaciones civiles documentaron la existencia de 36 casos de tortura en Baja California, cuyas autoridades han sido acusados de haber cometidos crímenes de lesa autoridad que investiga el Tribunal de La Haya.
tortura20121031 (1)La aplicación del Protocolo de Estambul se hizo dos años después de la detención de Vázquez Lagunez y el experto de Servicios Periciales de la PGJE advirtió la inexistencia de huellas de golpes o violencia en el cuerpo del interno del penal de El Hongo, a diferencia de los dictámenes y reconocimientos médicos del sector salud, PGJE y PGR del último trimestre de 2012 que constan en el expediente judicial.
La investigación e integración del expediente se realizo durante la gestión del procurador Rommel Moreno, actual asesor de la PGR en la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, cuando las tareas de Servicios Periciales se entorpecían al limitarles todo tipo de recursos, incluidos la gasolina para las unidades motoras. La justificación para no aplicar el protocolo fue que carecían de recursos económicos y especialistas para tal fin.
En marzo de 2014 se reitero la solicitud para que se aplicara la prueba de tortura pero fue hasta seis meses que Servicios Periciales intervino para determinar que en el caso de Vázquez Lagunez sólo hubo uso excesivo de la fuerza pública pero no de tortura.
La abogada Esquer lamentó el dictamen del perito porque evidencia además el nivel de actuación de esta dependencia de la PGJE que se habría convertido en un instrumento político para la discrecionalidad de la procuración y administración de la justicia en Baja California.

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  • Para poner las cosas en perspectiva:
    35 de los 36 casos mencionados arriba no los documentó Amnistía Internacional ni la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, sino la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH). A ellos y a la Federación Internacional de Derechos Humanos se les hizo partícipe de los casos. De ahí Amnistía Internacional basó su Informe en lo que respecta a BC y los segundos, la comunicación a la Corte Penal Internacional. Los mismos casos también fueron presentados al Relator sobre Tortura de la ONU. Ellos eligen los casos que publicitan en sus informes.
    Uno de los casos, Adrián Vázquez Lagunes, lo documentó la abogada Sandra Esquer, y la CCDH le ha dado acompañamiento y asesoría, y lo agregó al grupo de víctimas para ser denunciado ante las distintas instancias.
    Cabe decir que la documentación de los casos de tortura conllevan mucho trabajo, de años, entrevistas, acopio de documentos, convencimiento, litigio, gestoría, denuncia pública, acompañamiento, etc., además de los riesgos que corremos los defensores de los derechos humanos porque se denuncia a mandos y elementos del ejército y de las policías, y generalmente no hay apoyo de los gobiernos, sino al contrario. Y todo ese trabajo es sin ánimo de lucro…
    Gracias por el espacio.

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