Vie. Abr 10th, 2020

Es Magistrado de BC uno de los 7 funcionarios judiciales suspendidos por Judicatura Federal

carlos catanoAntonio Heras
Mexicali.- Uno de los siete funcionarios judiciales suspendidos por el Consejo de la Judicatura Federal al ser investigados por irregularidades en el otorgamiento de amparos contra el decreto de importación de vehículos usados es magistrado del Poder Judicial de Baja California.

Se trata de Carlos Cataño González, quien el 7 de diciembre de 2012 fue electo por el Congreso local como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Según la investigación del órgano administrativo judicial, violo las leyes Orgánica del Poder Judicial y la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez que omitió «considerar que con la medida cautelar otorgada en diversos amparos, interpuestos contra normas generales, posiblemente se seguían perjuicios al interés social y se contravenían disposiciones de orden público».

Cataño, actual integrante de la Quinta Sala Penal del Carlos Cataño González, fue designado cuando el Consejo de la Judicatura Federal ya había iniciado la investigación 9/2012 por irregularidades en la autorización de amparos de manera discrecional en los Juzgados Segundo y Tercero del Poder Judicial de la Federación con sede en Mexicali. Uno de los requisitos para ser magistrado es gozar de buena reputación y fama en el sector público.

En estos dos juzgados se dictaminaron nueve de cada diez amparos federales para favorecer la importación de carros usados por las aduanas del norte de México.

El CJF inició la indagatoria administrativa en 2012, a partir de quejas de empresas importadoras de vehículos usados en contra de estos servidores públicos señalados por incurrir en presuntas irregularidades en la tramitación de juicios de amparo.

En septiembre de 2007, Cataño González -entonces secretario del Juzgado Tercero federal- pretendió ser magistrado local pero se ubicó en el lugar 26 de los aspirantes con un 7.56 de calificación en el dictamen final, de acuerdo al dictamen 2 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que presidía el diputado panista Juan Manuel Gastelum e integraban, entre otros, el entonces panista Juan Manuel Molina -ahora legislador por Movimiento Ciudadano- y el priista Enrique Acosta Fregoso, uno de los beneficiarios con los amparos para la importación de vehículos usados.

Otro de los funcionarios judiciales suspendidos es Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región del PJF con residencia en La Paz, Baja California Sur, cuyo hermano Jose Antonio es uno de los 36 aspirantes a formar parte del Consejo de la Judicatura del Estado, el cual se encuentra en proceso de selección en el Congreso local.

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