PAN y PRI, con aval del SNTE y Burócratas, imponen reforma a Ley de ISSSTECALI

Antonio Heras
Mexicali.- El Congreso de Baja California aprobó una reforma constitucional para modificar la Ley del ISSSTECALI que cancela la jubilación dinámica del magisterio y supedita a 60 años con 30 de servicio el derecho a la jubilación de maestros y burócratas.
También autorizó que los adeudos del gobierno estatal y de los cinco ayuntamientos al ISSSTECALI se conviertan en créditos de deuda pública por 4 mil 109 millones de pesos, de los cuales 2 mil 800 corresponden al gobierno estatal y el resto a los cinco municipios ayuntamientos para cubrir sus adeudos con el organismo de seguridad social.
Al elevar a créditos fiscales los adeudos del ISSSTECALI, los legisladores autorizaron de manera irregular que queden como garantía de pago las participaciones por ingresos estatales, así como subsidios, derechos, contribuciones y otros recursos líquidos que reciban o recauden los gobiernos estatal y municipales. La Ley de Coordinación Fiscal federal prohíbe comprometer las participaciones económicas estatales en cualquier tipo de crédito.
Entre las modificaciones legales destacan los requisitos para jubilación: 60 años de edad, 30 años de servicio y 30 años de cotización al ISSSTECALI. En artículo reformado se especifica que el único requisito era los 30 años de servicio sin importar la edad. En el caso de los jubilados y pensionados se reduce el monto del aguinaldo de 60 a 40 días.
La sesión del Congreso del Estado concluyó durante las primeras horas de este martes, tiempo en el que el inmueble y los legisladores estuvieron protegidos por un centenar de policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia. Afuera, en la Plaza de los Tres Poderes, maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación se mantuvieron en protesta por los alcances de las reformas que afectarán a cerca de 20 mil empleados del Sistema Educativo Estatal.
En conferencia de prensa, el presidente del Congreso, el priista David Ruvalcaba, advirtió que estos cambios trascendentales para un instituto de seguridad social que atraviesa por la crisis más severa desde su creación en 1970 contaron con el aval de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Sindicato de Burócratas de Baja California.
Cuestionado sobre una decisión cupular, sin contar con la consulta de los trabajadores, sostuvo que como diputados no pueden rebasar las dirigencias formales y que a ellas les corresponde informar a sus agremiados.
La dirigente burócrata Victoria Bentley y el delegado especial del SNTE Adrián Palma coincidieron en señalar que avalaron la reforma constitucional porque los diputados integraron sus propuestas en la iniciativa presentada en comisiones parlamentarias y en el pleno del Congreso.
El dirigente del SETE Agustín Morales recriminó a los diputados que a este organismo sindical se le haya impedido participar con propuestas en la reforma constitucional porque aseguró que “tiene que hacerse pero sin afectar a los trabajadores como lo plantea la iniciativa del Ejecutivo”.
Con el voto del PAN, PRI y sus aliados políticos en esta entidad (PT, MC, PEBC, PANAL, PES y PVEM), se aprobó la reforma al artículo 99 constitucional por 24 votos a favor y solo en contra el PRD.
El grupo parlamentario de Nueva Alianza está integrado por el ex dirigente de la sección 37 del SNTE Alberto Martínez y por la exdirigente de la sección 2 del SNTE Irma Martínez, quienes impulsaron la reforma desde sus curules y su áreas de influencia sindicales. Incluso Alberto Martínez obtuvo su jubilación en julio de 2014 cuando los diputados conocieron los efectos de la reforma al ISSSTECALI propuesta por el gobierno de Vega de Lamadrid.
REFORMA
La propuesta del gobernador panista de Baja California Francisco Vega de Lamadrid se sustenta en que era obsoleta la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, toda vez que no había sido actualizada desde su publicación el 20 de diciembre de 1970 en el Periódico Oficial del Estado y “es por ello que el Instituto atraviesa por la crisis más severa que ha enfrentado desde su creación”, de acuerdo a una tarjeta informativa que distribuyó entre los diputados la Secretaría General de Gobierno.
En el documento se señala que como solución: “se buscó un nuevo esquema en donde fuera posible atender las peticiones de los líderes sindicales y que, a su vez, fuera viable actuarialmente el saneamiento futuro del Instituto”.
Explica que la reforma al artículo 99 constitucional que regula a la Ley Orgánica de los Trabajadores “individualiza a los tres grupos de servidores públicos que prestan sus servicios para los Poderes Públicos del Estado que son los burócratas (base y confianza), magisterio y aquellos que guardan una relación administrativa (miembros de instituciones policiales) lo que origina una ley especializada por cada grupo en donde se individualizan los porcentajes de cotización, su salario regulador y la entrada en vigencia de su ley, dada la división de sus fondos”.
En la reforma se estableció un salario regulador, indica el documento de la Dirección de Seguimiento Legislativo del Poder Ejecutivo y que sirvió de guión de la defensa de los legisladores, que determina el monto de jubilación con base en la cotización durante los últimos años de vida laboral activa que en el caso de la burocracia será de 13 años y del magisterio de una década.
El salario base de cotización corresponderá al sueldo presupuestal, sobresueldo, compensaciones y emolumentos con carácter que recibe el trabajador  y que será informado al Instituto por las instancias gubernamentales, además del tope máximo de cotización será de 35 salarios mínimos con “lo cual se topa la pensión”.
La modificación legal para la jubilación de los trabajadores asienta la tarjeta informativa que “deben contar con por lo menos 60 años de edad y 30 años de servicio e igual de contribución” y ejemplifica el caso de la Ley del IMSS  donde “la edad es de 65 años pero no establece edad mínima de servicio, sólo que debió haber cotizado un mínimo de mil 250 cotizaciones semanales”.
También se incluye en la prestación de servicios de seguridad social a los trabajadores de confianza, un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la disminución a siete de los 15 años para pensión de invalidez.
A pesar que en el artículo segundo transitorio se apunta que esta reforma constitucional se aplicará a “nuevas generaciones, entendiéndose como tal a todo trabajador que ingrese al régimen de seguridad social (…) con el ánimo de no afectar derechos adquiridos y, por tanto, evitar su aplicación retroactiva”, los requisitos de jubilación del personal del magisterio en activo se sujetará a los 60 años de edad y 30 de servicio.
Entre los beneficios de la reforma, de acuerdo al documento, se encuentran el saneamiento del fondo del magisterio en 35 años y el de la burocracia en “corto plazo”, de lo contrario “el fondo magisterial se colapsaría en 2015 y el de la burocracia en 2019”.
RECHAZA REFORMA
Durante la madrugada, el legislador perredista Roberto Dávalos ratificó su voto en contra de las reformas a la Ley del ISSSTECALI y al artículo 99 constitucional al argumentar que no se dio tiempo suficiente a la base magisterial, de trabajadores burócratas, jubilados y  pensionados para que hicieran una contrapropuesta.
Dávalos también votó en contra del endeudamiento o líneas de crédito solicitada por el Gobierno del Estado y municipios por 4 mil 109 millones de pesos, de los cuales 2 mil 859 millones de pesos con cargo de deuda al estado y mil 250 millones de pesos a los municipios.
Dijo que el sentido de su voto es con la finalidad de tutelar el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y tomados en cuenta en sus demandas y de atender las prioridades más apremiantes en cada uno de los municipios de Baja California.