Gran avance, despenalizar en BC los delitos contra el honor: abogada Esquer

Antonio Heras
Mexicali, B.C.- Después de seis meses de inacción legislativa, el Congreso de Baja California se encuentra en posibilidades de despenalizar los delitos contra el honor al aprobar en la Comisión de Justicia la reparación de daños por la vía civil.
En un comunicado del Poder Legislativo del Estado se informó que este martes se aprobó el dictamen 23 de la Comisión de Justicia que contiene la iniciativa de reforma para establecer los mecanismos alternativos de la reparación del daño moral cuando se violenta el honor, la vida privada o la imagen pública de una persona por terceros.
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado determinará la fecha en que esta reforma se presente al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación o rechazo.
“Es un gran avance porque nos tomó más de un año el presionar a los legisladores para despenalizar la calumnia y la difamación y porque representa un triunfo a los periodistas y el respeto a su trabajo”, advirtió la abogada Sandra Esquer, designada por la organización Artículo 19 para la defensa legal de la periodista Carmen Olsen y quien es integrante de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) Capítulo Baja California.
Esquer dio a conocer que el 6 de febrero el Juzgado IV de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Tijuana, programó la audiencia para dictar sentencia sobre la inconstitucionalidad de los delitos de difamación y calumnia por los que enfrenta proceso penal la periodista de Playas de Rosarito -acusada por policías municipales-, de acuerdo al amparo 369.
Reforma condicionada
El 3 de julio de 2014, los diputados aprobaron eliminar 14 artículos del Código Penal donde se tipifican estos delitos, pero en el segundo transitorio del decreto 86 publicado el 19 de septiembre de ese año en el Periódico Oficial del Estado se condicionó su entrada en vigor hasta en tanto se reformara el Código Civil.
Un mes después, un centenar de periodistas solicitaron amparos indirectos donde señalaron que el condicionamiento “permite que se sigan violando derechos fundamentales” porque se busca “darle al ciudadano la seguridad y garantía que esta ley exista en espacio y tiempo, no solo en el tintero legislativo”.
Tras señalar que esta falta de congruencia jurídica, los periodistas acusaron de “parálisis legislativa” y advirtieron sobre la violación de preceptos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Declaración de Chapultepec y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Reforma del Código Civil
La iniciativa de reforma del Código Civil de Baja California la presentaron los diputados Gerardo Álvarez (PAN), René Mendívil (PRI) y Francisco Barraza (PEBC) en el que se señala que “se garantizará el ejercicio de los derechos de opinión, crítica, expresión e información que se realice en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Sin embargo, entre las conductas de quienes estarán obligados a la reparación del daño moral se encuentra aquel que comunique la imputación a una persona física o moral “de un hecho cierto o falso”, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”.
A pesar de las recomendaciones de organizaciones gremiales de periodistas, los legisladores omitieron establecer montos máximos para cuantificar y, en su caso, garantizar el daño moral del denunciante, toda vez que es un aspecto que en la práctica ha propiciado nuevas reformas en las entidades donde se despenalizaron los delitos contra el honor al vulnerar el patrimonio de los denunciados.