• enero 22, 2015
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Preocupante el clima de derechos humanos en México en gobierno de EPN: ONG

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Antonio Heras
Tijuana.- Pese al discurso oficial, durante los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI) no ha observado un México en Paz y, al contrario, constata la continuidad de la problemática relacionada con las políticas de seguridad pública y sus efectos preocupantes sobre el respeto de los derechos humanos en el país.
En su boletín «México en paz? Estrategia de Seguridad y derechos humanos» advierte sobre la manera en que el contexto de violencia y las estrategias de seguridad han afectado a las organizaciones de derechos humanos y «el amplio rol que el Ejército ha mantenido de facto en tareas de seguridad pública, sin una clara fecha de salida”, a partir de entrevistas con defensores y activistas.
En el análisis ubica los hechos de Tlatlaya, Estado de México, donde elementos del Ejército presuntamente ejecutaron a 22 personas, e Iguala, Guerrero, donde se investigan actualmente a funcionarios públicos por el homicidio de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes.
La coordinadora de Incidencia de PBI México Niamh Ni Bhriain destacó “el papel fundamental del cuerpo diplomático y de la comunidad internacional en la protección de personas defensoras de derechos humanos dentro del contexto actual de impunidad, violencia y violaciones a los derechos humanos que México sigue enfrentando”.
Esta organización civil expresó su preocupación por el actual contexto de inseguridad y recomendó a los gobiernos extranjeros a consultar a las personas defensoras para definir sus programas de cooperación con México, entre ellos la Iniciativa Mérida.
También solicitó al Estado Mexicano que reconozca la importancia y legitimidad de la labor de las personas defensoras, asegurar su integridad física y psicológica e implementar de manera efectiva el Mecanismo de Protección y otras medidas de protección nacionales e internacionales.
El objetivo de esta organización con presencia en México desde 1999 es proteger a las personas y organizaciones que promueven los derechos humanos de manera no violenta y que sufren represión por su trabajo.

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