Sáb. May 30th, 2020

Genera robo de materiales millonarias pérdidas en instalaciones públicas

TAPA_POLIETILENO_2Lorena Lamas/ Jornada BC

En Baja California la venta de metales producto de robos es considerado un «grave problema»,  lo que provocó la promulgación de una ley para regular la compra de estos materiales en establecimientos comerciales

El robo en todas sus modalidades es uno de los principales problemas delictivos en los cinco municipios de Baja California, de acuerdo a los índices de la Secretaria de Seguridad Publica.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, uno de los blancos frecuentes de estos delitos, registra pérdidas anuales de un millón y medio de pesos por el robo alcantarillas, rejas, medidores y llaves de paso, mientras que el Sistema Educativo Estatal reportó daños económicos promedio de 4 millones de pesos por sustracción de cableado en escuelas.

En mayo de 2013 entró en vigor la “Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de Yonkes, Recicladoras y Centros de Acopio de Materiales Metálicos” ante la gravedad que representa en el robo en viviendas, escuelas, comercios y servicios públicos.

El propósito de esta ley es controlar la operación de establecimientos que comercializan metales por ser el punto final de una transacción cuyo origen es el robo de partes de automóviles, aparatos de aire acondicionado, cables de energía eléctrica y tapas de alcantarillas, entre otros.

La ley que consta de 36 artículos obliga a los propietarios de estos giros comerciales a llevar un control de la identidad del vendedor para combatir el modus operandi de aquellas personas que venden artículos robados sin requisito alguno.

alcantarilla-Admiten posible existencia de negocios clandestinos

En Ensenada, las compañías recicladoras que pagan mejor el kilogramo de fierro prefieren no recibir residuos de cableado, alcantarillado o líneas de drenaje, porque incurren en delito federal.

La penalidad va desde una multa hasta el cierre del negocio, coincidieron trabajadores de empresas chatarreras de la ciudad, pero no descartaron la existencia de establecimientos no autorizados que comercialicen con este material.

A versión de Luis, un trabajador del fierro, desde el 2010 cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Procuraduría Federal de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciaron  operativos, los pepenadores dejaron de llevar piezas propiedad de la ciudad.

En aquel tiempo, platicó, acarreaban  por lo menos dos tapas de alcantarillado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y Servicios Públicos Municipal cada 30 días. Cada pieza alcanza de 40 kilogramos lo que representa 80 pesos.

La experiencia de otros negocios de este giro clausurados ha limitado la recepción de ciertos metales, sin embargo, no dudaron que haya establecimientos no autorizados que comercialicen con estos artículos.

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