- febrero 5, 2015
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Grupo México debe cumplir con toda la normatividad para instalarse en BC
*Tema urgente a tratar con el gobernador Francisco Vega
*No se puede atraer inversión sobre las rodillas, afirmó presidente del Congreso
Eneida Sánchez Zambrano
Mexicali.- El Grupo México está obligado a cumplir con todas las autorizaciones legales y ambientales para instalarse en la zona de “El Arco”, pues de lo contrario no se apoyará este proyecto minero, advirtió el presidente del Congreso Francisco Alcibíades García Lizardi.
Sostuvo que la explotación minera a cielo abierto contamina en exceso y citó la experiencia de esta empresa en Coahuila y Sonora, por lo que se requiere un análisis minucioso para conocer los posibles daños a una zona ecológica protegida.
A principios de esta semana el gobernador Francisco Vega presidió la instalación del Consejo Estatal de Minería que abre la puerta a la explotación de recursos naturales en la zona sur de la entidad por parte de las compañías mineras de capital extranjero.
Este grupo minero invertirá 500 millones de dólares en la explotación de oro y cobre en “El Arco”, ubicado en la zona protegida de la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno.
“Necesitamos inversiones, fuentes de empleo, necesitamos muchas cosas pero no sobre las rodillas”, dijo García Lizardi al tiempo de señalar que no han recibido información alguna sobre este proyecto minero, incluidos los planes de inversión de otras compañías de capital extranjero.
El Congreso local aprobó en enero un punto de acuerdo para solicitar a la Federación y al gobierno estatal toda la información de la concesión para explotar una mina de oro y cobre en esta comunidad de la zona limítrofe con Baja California Sur.
La reunión con Vega de Lamadrid se programó para la segunda semana de febrero donde se solicitará -más que un informe- la información de los beneficios y el enfoque gubernamental pero, dijo, se le detallarán los problemas ocasionados por la operación de la Minera México en otras partes del país, entre ellos los 62 mineros sepultados en Pasta de Conchos, la contaminación del Río Sonora y su afectación a más de siete municipios, el descarrilamiento de un tren y el derrame de 140 mil de litros de ácido sulfúrico.
“Son problemas que allí están, pues no estoy inventando absolutamente nada, y su instalación debe contar con todas autorizaciones ambientales de la Semarnat, escuchar a los habitantes de la zona y las demandas sobre el problema del agua”, sostuvo.
García Lizardi advirtió que entre los elementos a revisar es si la minera de Germán Larrea garantiza la estabilidad ecológica, el no consumo del agua del manto freático, empleo digno y bien remunerado para los trabajadores que requieren para la extracción de oro, cobre o plata, el pago de impuestos para Baja California y el predial para Ensenada y “que todo está en el marco de la legalidad, seguramente tendríamos que apoyar a un proyecto de esta naturaleza, pero si no estaremos en contra”.