Vecinos de Playas piden intervención del Congreso para no pagar caseta

Ángela Torres/La JornadaBC
Tijuana 12 de febrero.- Residentes de 16 fraccionamientos de Playas de Tijuana mandaron un exhorto al Congreso del estado para que interceda ante autoridades federales y se anule el pago de la caseta de cuota, por la que tienen que desembolsar 31 pesos cada vez que pasan por ahí.
Vecinos de los fraccionamientos Real del Mar, San Antonio del Mar, Baja Malibú, Punta Bandera, Hacienda del Mar, Los Delfines, Buena Vista, San Marino, Playa Blanca, Park House y otros más deben pagar la cuota completa o 15.5 pesos si cuentan con la tarjeta de descuento, cada vez que van a su trabajo, escuela u otras actividades.
La suma que pagan asciende a 267 mil pesos al año, y aunque algunos tienen tarjeta para pagar la mitad, la cantidad sigue siendo alta, comentó Mónica Jiménez, representante del movimiento «No al cobro para residentes en la caseta de playas de Tijuana».
En el 2004 un vecino de la zona ya había pedido la eliminación del pago, pero su voz no tuvo eco y las cosas continuaron igual. A raíz de un movimiento en las redes sociales, que comenzó la semana pasada, lograron unirse y solicitar de manera formal, la eliminación del pago, dijo Jiménez.
“Son 16 fraccionamientos y más de 12 mil personas las afectadas por una obligación del Estado, de satisfacer una necesidad colectiva que no está atendiendo, ya que para llegar a sus hogares sin pagar la caseta, tienen que trasladarse por el municipio de Playas de Rosarito”, dijo el representante legal, Octavio de la Torre de Stéffano, también afectado.
El diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides presentó el exhorto de los vecinos ante el Congreso del estado; a la par también se está tramitando un amparo colectivo en contra del cobro para estar listos en caso de que se les niegue la solicitud y las autoridades no los reciban.
En el amparo participan 300 personas y se pueden unir más conforme el grupo cobre fuerza. En caso de que se llegue a un acuerdo con las autoridades de los tres niveles de gobierno, la petición de amparo se cancelará, pero si no, lo llevarán ante el Poder Judicial, con el Juzgado de Distrito.
Si el amparo procede, éste se entregaría a inicios de junio, y tardaría alrededor de seis meses en que se de una resolución.
César Arreola, representante del movimiento, agregó que no permitirán que los partidos políticos se aprovechen de la situación y los utilicen como bandera en las campañas del 2015, sin embargo, ya han acudido con diputados federales como Chris López, del Partido Revolucionario Institucional, y Juan Manuel Gastélum, de Acción Nacional, en busca de ayuda, quienes accedieron a atenderlos en su siguiente visita a Tijuana.