Por regresiva, economistas de Mexicali rechazaron la iniciativa de Ley de Transparencia

*El proyecto que se discute en el Congreso de la Unión muestra la opacidad y autoritarismo económico
Antonio Heras
Mexicali.-La iniciativa de la Ley de Transparencia que se discute en el Senado de la República contiene aspectos regresivos para el acceso a la información, como es el caso de la información clasificada, por lo que el Colegio de Economistas de Mexicali se pronunció en contra del proyecto.
de El dirigente Enrique M. Rovirosa sostuvo que inquieta a los economistas de Baja California, de manera particular, la adición del capítulo de información reservada en donde se señala que podrá clasificarse aquella que atente contra la seguridad nacional o “pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”, ya que cualquier información relacionada al desempeño económico puede dar lugar a que se interprete como causal de daño, “pues no se puede soslayar el hecho que  los acontecimientos políticos y sociales,  impacta directamente sobre la confianza y expectativas de inversionistas y consumidores”.
Este proyecto contiene elementos que abren la puerta para un retorno a los años de opacidad y autoritarismo económico, en los que el gobierno sólo entregaba información que le convenía o  con retraso que resultaba inapropiada para prever la trayectoria de los acontecimientos económicos nacionales, estatales o municipales.
Contrario a lo que se pretende, advirtió, México requiere mayor transparencia y divulgación de la información existente, pues sólo así se podrán presentar argumentos sobre las políticas públicas y, con ello, impulsar o corregir el rumbo que  permita un mayor y más justo crecimiento económico.
Hace cinco años, Rovirosa interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por la pretensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de eliminar la entrega de estadísticas sobre los trabajadores asegurados en los municipios, las cuales son de vital importancia para el análisis del empleo formal.
Advirtió que de aprobarse este proyecto de Ley, esta información podría ser negada en un futuro o entregarse hasta con cinco años de retraso, además que las entidades públicas podrían buscar refugio en la causal de reserva para negar información esencial en el seguimiento y análisis de diversas actividades económicas.